El juez del caso Montoro, Rubén Rus, tomará este martes declaración a los primeros imputados de la causa en la que investiga si la asociación de gases industriales contrató el bufete creado por el exministro del Gobierno del PP para poder obtener beneficios fiscales gracias a las reformas legislativas en marcha. Después de varias suspensiones, el magistrado, que ha preferido empezar por los responsables de las distintas empresas que por los de Equipo Económico, tomará declaración este martes a Eduardo Gil Elejoste, quien como presidente de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), participó en buena parte de las reuniones bajo sospecha en el procedimiento. También está citada Jacobina Escámez, que fue directora de Impuestos de Praxair Europa. El juez ha descartado por problemas técnicos del juzgado que puedan compararse por videoconferencia.
Según consta en el sumario, Gil Elejoste, además de presidente de la asociación que engloba a las gasísticas, es consejero de Nippon Gases Europe desde 2018 y antes presidió Praxair Europa, compañía en la que fue director general para España y Portugal entre 2008 y 2016. Aparece en los correos electrónicos analizados en la causa y, en concreto, en la teleconferencia celebrada en octubre de 2013 en la que se decidió contratar a Equipo Económico y se decidieron los términos en que se realizarían los pagos y se formalizarían los informes a entregar en el Ministerio de Hacienda.
Como presidente de AFGJM participó en sus juntas directivas y fue quien presentó a Manuel de Vicente Tutor, en representación del Equipo Económico, al resto de socios de las empresas gasistas. También estuvo en las reuniones que se mantuvieron en el bufete creado por Montoro el 5 y el 12 de diciembre de 2013 y en la reunión que se mantuvo en el ministerio el 4 de marzo de 2014. Según los investigadores, en ellas se preparó el texto que se presentó al secretario de Estado de Hacienda.
Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca
Asimismo, se le situó en las reuniones de mayo de 2014 en la sede de Equipo Económico en las que se preparó la documentación que se entregó al secretario de Estado de Hacienda el 27 de mayo de 2014. Se acordó que al ministerio fueron Jacobina Escámez y Jorge Pedrazuela, de Air Liquide. Además, participó en los encuentros que se mantuvieron con la Dirección General de Tributos en la que se informó que el reglamento que desarrolló la ley se publicó el 19 de diciembre de 2014, y se trató la redacción de las propuestas de modificación de los epígrafes del impuesto de actividades económicas. También se le sitúa en las reuniones de los días 13 y 21 de julio y el 15 de septiembre de 2017 para la modificación de este tributo.
Próximas citaciones
En un auto, al que ha tenido acceso a EL PERIÓDICO, el instructor ha vuelto a señalar las declaraciones de otros investigados que fueron suspendidos. Así, las comparaciones del director técnico de la firma Messer Ibérica de Gases Rubén Folgado Girón y la del director general de la misma compañía Karl Andrea Hauck se producirán el 29 de mayo. El 19 de junio serán interrogados los directivos de la firma Air Liquide Teresa Rasero Guerrero y Jorge Pedrazuela Prieto; y el 22 de junio la de los directivos de Carburos Metálicos Francesco Maione, Ahmed Hababou y José Luis Méndez López.
En su última resolución, el magistrado rechaza la pretensión de los imputados de declarar cuando termine la instrucción o, al menos, esperar a que se pronuncie la Audiencia Provincial de Tarragona sobre los numerosos recursos presentados pendientes. También descarta la posibilidad de que los investigados puedan declarar por videoconferencia, porque explica que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona “no dispone de los medios técnicos adecuados para garantizar que las declaraciones puedan ser realizadas con plenas garantías tanto para los investigados como para los letrados, al ser relativamente habituales los problemas de audio o imagen que impiden o dificultan el desarrollo de la diligencia”.
No obstante, el magistrado advierte que “las declaraciones serán grabadas, estando a disposición de los letrados tan pronto sea posible”. De lo que sí ofrece posibilidad es que los abogados “que no puedan asistir personalmente, si lo desean puedan remitir un pliego de preguntas” para formular a los investigados citados.
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