La exsubdirectora de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha desvinculado este lunes al entonces responsable de Salut Pública, Josep Maria Argimon, de la gestión directa de la vacunación contra el covid a policías nacionales y guardias civiles destinados en Catalunya. El testigo ha declarado ante la Audiencia de Barcelona que ni ella ni Argimon coordinaron el operativo y ha defendido que la prioridad fijada tras la suspensión temporal de AstraZeneca fue vacunar a la población de entre 60 y 65 años por criterios médicos.
Cabezas ha comparado como testigo en el juicio contra la exconsellera de Salut, Alba Vergés, el exsecretario general del departamento, Marc Ramentol, el propio Argimon, y el exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. La Fiscalía les acusa de prevaricación administrativa y pide para ellos 12 años de inhabilitación al considerar que retrasaron de forma injustificada la vacunación de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. También ejercen de acusación popular la asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato de la Policía Nacional Jupol.
Según ha explicado Cabezas, después de que el Ministerio de Sanidad suspendiera temporalmente el uso de AstraZeneca por la aparición de posibles efectos adversos, la vacunación se reanudó a finales de marzo de 2021 con la prioridad de administrar las dosis a las personas de más edad. La exsubdirectora de Salud Pública ha visto “totalmente razonable” priorizar a los mayores de 60 años, al tratarse del colectivo más vulnerable ante el covid.
La prioridad de los mayores de 60 años
El testigo ha registrado que en Catalunya había unas 500.000 personas de entre 60 y 65 años pendientes de vacunar y que las dosis disponibles no alcanzaban para cubrir toda esa franja. También ha señalado que en esas fechas había más de 1.385 personas ingresadas en hospitales catalanes por covid y que el 70% eran mayores de 60 años.
La exconsellera de Salud, Alba Vergés, y su abogado Mariano Bergés, a su llegada a la Audiencia de Barcelona para el juicio por la vacunación policial. / David Zorrakino
Pese a compartir el criterio sanitario, Cabezas ha declarado que insistió internamente en compaginar esa prioridad con la vacunación de colectivos esenciales, incluidos los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. “La importancia de vacunar a los mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sabía que también teníamos que seguir vacunando a colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad”, ha afirmado.
Cabezas ha explicado que su propuesta de continuar con la inmunización de los agentes estatales buscaba evitar “cierta desigualdad” y respondía también a un “criterio operativo”, ya que se había trabajado en un dispositivo específico para vacunarlos. El testigo ha añadido que las dosis destinadas a estos cuerpos estaban “reservadas” y ha sostenido que en la conselleria de Salut existía “un gran interés” en administrar todas las vacunas disponibles “a las máximas personas y lo antes posible”.
Un mensaje que se podía “malinterpretar”
La exsubdirectora también ha sido preguntada por el mensaje de WhatsApp que recibió de Judit Vinyals, miembro del gabinete de Vergés que también ha testificado, en el que se trasladaba que la consellera pedía “parar Guardia Civil y Policía Nacional”. Cabezas ha afirmado que comunicó el mensaje a Argimon y que ambos consideraron que aquella indicación “se podía malinterpretar”, por lo que pidieron que la instrucción fuera aclarada por escrito por un cargo con suficiente rango dentro del Departamento.
Vacunación de Covid en Cataluña. / EPC
Esa aclaración llegó el 24 de marzo de 2021 a través de un correo del entonces secretario general de Salud, Marc Ramentol, en el que se desarrolló que la prioridad pasaba a ser la población de entre 60 y 65 años, incluidos los miembros de colectivos esenciales que estaban dentro de esa misma franja de edad.
El testimonio de Judit Vinyals
Vinyals, que actuaba como enlace entre la Conselleria y el Servei Català de la Salut, también ha declarado como testigo y ha negado que Vergés ordenara detener la vacunación de policías nacionales y guardias civiles por pertenecer a esos cuerpos. Según su versión, el mensaje sobre “parar la Guardia Civil y la Policía Nacional” se produjo después del cambio de criterio acordado en la reunión interterritorial del 22 de marzo y hacía referencia a la necesidad de adaptar el operativo a la nueva prioridad por edad.
El miembro del gabinete de Vergés ha explicado que mencionó específicamente a la Guardia Civil y la Policía Nacional porque ambos cuerpos tenían una organización de vacunación diferenciada, montada “ad hoc” y basada en listados aparte. A diferencia de otros colectivos, según ha señalado, su inmunización estaba prevista en un dispositivo propio que quedó “obsoleto” tras la decisión de priorizar a las personas de 60 a 65 años.
La exconsellera de Salud, Alba Vergés. / David Zorrakino / Europa Press
Vinyals ha asegurado que el criterio fue el mismo “en todos los casos” y ha defendido que la decisión respondía a la voluntad de seguir las indicaciones sanitarias vigentes. Sobre el uso del verbo “parar”, ha dicho no recordar si Vergés empleó literalmente esa palabra, pero ha sostenido que la instrucción se refería a aplicar el nuevo criterio de edad y no a excluir a los agentes estatales.
Durante la sesión, Cabezas también ha detallado que la preparación de la vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil requirió más pasos que la de otros colectivos, por el intercambio de censos, datos médicos y la organización de puntos de vacunación propios. Otro testigo del CatSalut ha apuntado que los censos de ambos cuerpos llegaron más tarde que los de otros colectivos, aunque ha asegurado que se tramitaron con los mismos criterios una vez recibidos. La semana pasada, dos mandos de ambos cuerpos policiales negaron que Salut hubiera puesto trabas a su vacunación.
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