El juicio a Josep Lluís Alay, director de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por su viaje como observador del referéndum de Nueva Caledonia se ha aplazado al próximo mes de septiembre por problemas de agenda de la sala de la Audiencia de Barcelona que debe juzgarlo.
El aplazamiento del juicio que debía celebrarse este mes contra Alay, también investigado en la causa abierta en la Audiencia Nacional por los disturbios de Tsunami Democràtic y en la pieza del “caso Volhov” sobre supuestos contactos con Rusia para el ‘procés’, se acordó el pasado mes de diciembre, por lo que no guarda relación con la hemorragia cerebral que sufrió la semana pasada y de la que se recupera.
La sala ha fijado para los días 26 y 27 de septiembre el juicio contra Alay, uno de los encausados por el ‘procés’ que espera beneficiarse de la ley de amnistía, ahora demorada después de que la semana pasada Junts votara en contra del texto porque no garantiza el perdón para los investigados por alta traición o terrorismo.
El asesor de Puigdemont acaba de ser intervenido de urgencia por una hemorragia cerebral debido a un aneurisma que sufrió la semana pasada, con lo que era previsible que el juicio, que estaba señalado para el 20 de febrero próximo, se acabara suspendiendo por sus problemas de salud.
La Fiscalía pide tres años de cárcel y 17 de inhabilitación para Josep Lluís Alay, al que acusa de pagar con fondos públicos un viaje de 2018 como observador del referéndum de Nueva Caledonia, pese a ser “ajeno a sus funciones”.
En su escrito de acusación, el ministerio público atribuye Alay los delitos de malversación de caudales y prevaricación y pide que se le condene a indemnizar a la Generalitat con los 4.732 euros que costó el viaje, que fueron asumidos por el Departamento de Presidencia a cargo del presupuesto de la Oficina del President.
La causa se deriva de una querella por malversación que presentó la Fiscalía y en la que también estuvo investigada la actual secretaria del Departamento de Salud, Meritxell Masó, por haber autorizado los gastos cuando era secretaria general de Presidencia, aunque la juez instructora archivó la causa contra ella.