Otra vez una carta enviada a familiares de fallecidos ha vuelto a desatar la polémica en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso culpa al ejecutivo de Pedro Sánchez por las críticas que ha recibido de familiares de personas fallecidas durante la pandemia en las residencias de la región a las que se les ha reclamado que paguen las deudas pendientes con la Administración. No hacerlo, aseguran desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, supondría “incurrir en prevaricación“.
El Partido Socialista de Madrid llevó al pleno de la Asamblea de Madrid el lamento de un familiar de “Ángel,” uno de los mayores fallecidos durante la primera ola de la pandemia. La diputada Lorena Morales contó desde la tribuna que su familia “no había recibido nada, ni un pésame” del Gobierno de Ayuso, hasta que hace unas semanas recibió una carta en la que se le pedía que abonase lo correspondiente al mes de marzo y primeros días de abril, hasta su fallecimiento, de la residencia en la que habitaba. En la carta “exigen que en diez días” abone ese dinero, denunciaba Morales, criticando que cuatro años después se estuvieran reclamando 600 euros. Ese día el caso pasó desapercibido, pero este martes la Cadena Ser publicaba una de estas cartas y ha obtenido respuesta desde la mesa del Consejo de Gobierno.
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“Consternación” en el Gobierno de Sánchez
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La portavoz Pilar Alegría ha censurado “la falta de humanidad y de respeto” del Gobierno de Ayuso hacia los familiares de los fallecidos, reprochando que “no les tiende la mano” sino que “les extiende una factura”. Su compañero Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha ido en la misma línea. Ha reclamado al ejecutivo madrileño un “deber de memoria” y hacer “un ejercicio de verdad, de justicia y de reparación con las familias que vivieron aquella pesadilla“, y ha censurado la reclamación de la deuda por parte del ejecutivo de Ayuso por entender que “solo puede generar consternación”.
Sin embargo, desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lo ven de manera totalmente opuesta. Su responsable, Ana Dávila, asegura que “la reclamación de las deudas pendientes de los ciudadanos es una obligación legal que contempla la propia legislación nacional” y asegura que al ampararse en la normativa nacional “es al Gobierno de Sánchez, en todo caso, a quien le corresponde modificar esa normativa y justificar la excepción”.
Desde la Consejería argumentan que solo cumplen con lo el procedimiento establecido en la Ley General Tributaria y en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que dejar que prescriban o dejar de hacer todo lo posible por cobrar esa deuda les generaría un problema con el Tribunal de Cuentas, más aún si lo hacen “de forma deliberada” porque entonces entraría en el terreno de la “prevaricación“. Intentan así devolver la pelota a la Moncloa, a quienes responsabilizan de no haber establecido ninguna excepcionalidad con situaciones como esta vinculada a la pandemia.
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Petición de dimisión para Alegría
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“De forma periódica y habitual, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales revisa los expedientes de las plazas con financiación pública de las residencias, tanto de residentes que continúan ocupando las plazas como de personas fallecidas”, explica el equipo de Dávila, y justifican que “los requeridos tienen la posibilidad de presentar recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, tal y como prevé la propia normativa”.
Más aún, Dávila, ha pedido la dimisión de Alegría por entender que utiliza las ruedas del consejo de Gobierno para “mentir cada martes” y por haber “traspasado todas las líneas de la decencia institucional” porque este martes ha apuntado que si el ejecutivo autonómico hubiera actuado de otra manera hoy habría que “lamentar menos muertes, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada para prevenir las consecuencias del covid y dejó abandonadas a su suerte a las comunidades autónomas y a las personas mayores que estaban en las residencias de toda España”. Y a esto, ha añadido que cuando Alegría era delegada del Gobierno en Aragón durante la pandemia allí “fallecía el 80% en sus residencias”, entrando así en una batalla por el número de muertos: “Debería irse“.
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Las cartas enviadas desde el Gobierno autonómico también han llevado al defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedir información a la consejería de Dávila. De momento, se trata solo de esa petición para ampliar los datos sobre este asunto tras haber recibido una queja de María de Álvaro, que el pasado 11 de marzo recibió una carta certificada por correo postal en la que le reclamaban una deuda de la residencia del Ensanche de Vallecas donde falleció su padre el 5 de abril de 2020, según explica Efe.