El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. / Eduardo Parra – Europa Press
Uno de los principios básicos de la democracia es la separación de poderes, tan puesta en cuestión últimamente, incluso por quienes aseguran respetarla. Es el legislativo, es decir el Parlamento, el que hace las leyes, mientras que el judicial las aplica en sus resoluciones y sentencias y el Ejecutivo las ejecuta. Pero estamos viviendo en los últimos tiempos enfrentamientos entre los tres poderes, primero entre la Justicia y el Gobierno, pero ahora también entre los jueces y los fiscales y los legisladores respecto de la ley de amnistía y su alcance para favorecer o no a algunos de los imputados por el procés. Desde el poder judicial se ha cuestionado con argumentos jurídicos la iniciativa del presidente del Gobierno de poner en marcha una amnistía para Puigdemont, Junqueras y los otros procesados, a cambio de que los independentistas apoyaran su investidura. Ahora, los fiscales del Tribunal Supremo que actuaron de acusación en el juicio contra los procesistas han argumentado contra la aplicación de esa ley en los casos de malversación y se han negado a cumplir la orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz. Sánchez ha hecho valer el principio jerárquico del Gobierno en la fiscalía por encima de su independencia de criterio. Un espectáculo nada enriquecedor.
La voluntad de la mayoría parlamentaria que votó la amnistía está clara en el articulado de la ley, que recoge explícitamente que la atribución de malversación solo puede darse en el caso de que haya habido «enriquecimiento personal de carácter patrimonial», un hecho que los cuatro fiscales que niegan el derecho de Puigdemont, Junqueras y otros a acogerse a la amnistía alegan, aunque el tribunal sentenciador no lo consideró demostrado. Ese caso de conflicto en un estamento jerárquico se sustanció ayer en la Junta de Fiscales por una mayoría pírrica de dos votos a favor de la posición de García Ortiz, uno de ellos el suyo. Es decir, se resolvió por la mínima. Ahora serán otros los fiscales que elaborarán un informe favorable a la amnistía para el juez Pablo Llarena, mientras el cuerpo de fiscales ha quedado partido en dos. Otro espectáculo poco enriquecedor.
Es fácil entender que los fiscales y los jueces que participaron en el juicio del procés puedan sentirse ahora desautorizados por la ley de amnistía que no es fruto del arrepentimiento y del consenso sino de la pura necesidad aritmética. Este conflicto alimentado desde el Gobierno no hace otra cosa que dar alas a las acusaciones de que algunas de sus resoluciones pudieran no basarse únicamente en criterios jurídicos sino que podrían estar contaminadas por un ideario político, del que, como relevantes profesionales de la justicia que son, tendrían que permitirse distanciarse. Si tan seguros estuviesen el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta de la adecuación de la ley, no haría falta forzar la jerarquía en el ministerio fiscal sino dejar que sean los tribunales y, en última instancia, el Constitucional, los que diriman esta pugna interpretativa entre fiscales.
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Es cierto que lo acontecido en Catalunya en 2017 ha envenenado durante mucho tiempo la vida política, social y judicial catalana y española. Pero ahora, la amnistía crea la ilusión de que el conflicto catalán habría encontrado, si no un cauce de solución, al menos un camino de apaciguamiento, con lo cual los poderes del Estado, los jueces, pero también el Gobierno y la fiscalía deberían dejar que todo el mundo haga su trabajo.