Cada vez que les preguntan por el futuro de las negociaciones de investidura para que Salvador Illa se convierta en el nuevo president de la Generalitat, Pedro Sánchez y sus ministros dicen que “la democracia tiene sus tiempos” y ponen el ejemplo de Euskadi. Allí, explican, pasaron casi dos meses desde las elecciones autonómicas hasta la firma del acuerdo entre el PNV y el PSE. En privado, sin embargo, el Ejecutivo reconoce que la negociación catalana es mucho más compleja que la vasca.
De las conversaciones entre el PSC y ERC no solo depende la gobernabilidad en Catalunya, sino también en España, ya que una repetición de los comicios haría casi imposible la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, porque tanto los republicanos como Junts negarían su apoyo en un contexto de nueva cita con las urnas para volver a elegir el Parlament. Pero hay otro argumento para diagnosticar la dificultad del escenario catalán: ERC pide una financiación “singular” y los socialistas están dispuestos a estudiarla, pero aquí topan con la debilidad del PSOE en el Congreso, donde necesita a todo el bloque que apoyó la reelección de Sánchez al frente de la Moncloa para sacar cualquier iniciativa adelante.
“ERC sabe que nosotros no podemos prometer un cambio de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas”, señala un importante miembro del Gobierno. Una modificación de la norma solo saldrá aprobada si cuenta con el respaldo de partidos como Compromís, el BNG y CHA, que ya han dejado claro que no votarán a favor a menos que también suponga un nuevo régimen para la Comunidad Valencia, Galicia y Aragón, algo que la Moncloa no contempla.
La otra salida sería cambiar el sistema de financiación de régimen común, que se aplica a todos los territorios salvo Euskadi y Navarra, pero para un proyecto de esta envergadura se necesita el concurso del PP, que gobierna en 11 de las 17 comunidades. Los conservadores no están por la labor de abrir un melón que abocaría inevitablemente a un choque entre sus presidentes autonómicos, que defienden métodos distintos y contradictorios para abordar el cálculo.
Así que el margen del Gobierno es aquí muy ajustado. Los colaboradores de Sánchez ya se lo han hecho llegar a ERC, que continúa reclamando una fórmula similar al concierto vasco, por el que Catalunya recaudaría la totalidad de los impuestos de la comunidad y después liquidaría con el Estado en concepto de solidaridad interterritorial y sostenimiento de los servicios comunes. La Moncloa rechaza un enfoque de este tipo, porque quedaría fuera de la Constitución, que sí recoge expresamente el caso vasco. “Estamos buscando fórmulas imaginativas”, explica un ministro, que evita concretar en aras del hipotético acuerdo con ERC.
El consorcio previsto en el Estatut
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Aunque el Gobierno esté siguiéndolas de cerca y el PSC le mantenga informado en todo momento, las negociaciones para la investidura de Illa, que también necesita a los Comuns para llegar a la Generalitat (algo que se supone mucho más sencillo), tienen lugar en Barcelona. Los socialistas catalanes continúan con su apuesta por un consorcio económico como el previsto en el Estatut de 2005 pero hasta ahora sin desarrollo, que permitiría una gestión de los tributos compartida por la Generalitat y el Estado. El mecanismo cuenta con el visto bueno de la Moncloa, que subraya que Catalunya ostenta competencias de las que carecen otros territorios, como seguridad y prisiones.
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Los republicanos, de momento, continúan instalados en el concierto similar al vasco, una insistencia que comienza a desesperar a los socialistas. Aun así, la mayoría de miembros del Gobierno continúan apostando porque al final puede que haya acuerdo para investir a Illa. Será “muy complicado”, anticipan, pero acabará abriéndose paso. Más que por la financiación, concluyen, por el “comprensible” temor de ERC a una repetición electoral tras el batacazo sufrido por Pere Aragonès el pasado 12 de mayo.
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