Joan Maria Pujals Vallvé, exconseller de la Generalitat en la época de Jordi Pujol e imputado en el caso 3% por el presunto pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha solicitado a la Audiencia Nacional que se le aplique la ley de amnistía, al entender que ese partido, donde militaba, “reivindicaba y divulgaba el proyecto independentista” ya en entre 2010 y 2012, y que la captación de fondos “tenía como objetivo financiar su proyecto y sus objetivos políticos, y constituían un recurso necesario para el desarrollo de sus objetivos soberanistas”.
En esas fechas la empresa a la que estaba vinculado Pujals, el Grupo Ortiz, realizó una serie de donaciones a dos fundaciones (Catdem y Fòrum Barcelona) presuntamente a cambio de la adjudicación de unas obras en una escuela en Sabadell, en 2012, según el escrito de la defensa del exconseller al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El fiscal acusa a este exalto cargo de los delitos de organización criminal, fraude a la administración pública, corrupción entre particulares y prevaricación, por lo que se enfrenta a una pena de prisión.
Pujals fue alcalde de Vila-seca (Tarragona) hasta 1993. Un año antes fue elegido diputado al Parlament por la coalición nacionalista CiU (1992–2002). En 1992 fue nombrado conseller d’Ensenyament, puesto que dejó en 1996 para hacerse cargo de la cartera de Cultura. En su día, llegó a entrar en las quinielas por la sucesión de Pujol. En enero de 2002 renunció a su escaño y abandonó la actividad política, dedicándose a la actividad empresarial. Entre las compañías en las que desarrollo su labor está el Grupo Ortiz.
Pagos a cambio de adjudicación
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La fiscalía sostiene que este grupo empresarial realizó donaciones, entre el 13 de febrero y el 19 de mayo de 2010 y a través de cuatro sociedades, a las dos fundaciones vinculadas a CDC. Según la acusación, Pujals era la persona de contacto del tesorero de este partido, Andreu Viloca, con el que mantuvo reuniones entre 2010 y 2013 para lograr que las donaciones efectuadas fueran recompensadas con la adjudicación de un contrato público. Del escrito de acusación del fiscal se desprende que la empresa pública GISA (Gestión d’Infraestructures SA) habría “favorecido” al Grupo Ortiz en la licitación de un contrato de obras de reforma y ampliación de la escuela pública La Trama, de Sabadell.
El abogado de Pujals expresa en su solicitud de amnistía que CDC, desde al menos 2008, “viró hacia un proyecto soberanista basado en el derecho a decidir, sin límites, que convirtió en el eje de su programa político ya en las elecciones autonómicas de 2010, habiendo previamente apoyado y votado a favor de la realización de consultas municipales sobre la independencia de Catalunya”.
Desde marzo de 2012, precisa, CDC “asumió entre sus objetivos específicos y programáticos la independencia de Catalunya. El letrado hace un repaso de la actuación de esa formación desde el 2008 para apoyar su tesis, tanto a nivel parlamentario como en el seno de la misma formación. De Catdem, precisa, venía acogiendo actos y publicaciones “de difusión del soberanismo político y del proyecto independentista” desde 2010.
Para la defensa de Pujals, “tanto si se mira desde el prisma de CDC, como receptor de las donaciones (según el fiscal), como si se atiende a la fundación Catdem”, “lo cierto es que ofrece pocas dudas de que nos encontraríamos ante la financiación de un partido o de una entidad privada que promovía, reivindicaba y divulgaba el proyecto independentista ya entonces, y con vehemencia, un tiempo después, y que se habría nutrido de esas donaciones para apoyar dicho proyecto político”.
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El representante legal del exconseller sostiene que “la actuación de CDC” que propugna el fiscal, es decir, la creación de una estructura para obtener financiación legal” a través de donaciones, “encaja” en el ámbito de la ley de amnistía.
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