El tramitación de las impugnaciones a la ley de amnistía comenzará a rodar esta semana en el Tribunal Constitucional. El pleno que comienza este martes lleva en su orden del día la admisión a trámite de la primera cuestión de inconstitucional que tiene sobre la mesa: la cursada por el Tribunal Supremo en relación con el delito de desórdenes públicos por el que fueron condenados un par de jóvenes en Girona durante las protestas contra la sentencia del ‘procés’.
Fuentes del alto tribunal señalan que, pese a la previsible admisión a trámite de las dudas planteadas por el alto tribunal esta semana y el ritmo de resolución impuesto por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, desde que asumió esa responsabilidad, no se espera que pueda haber una resolución sobre el fondo del asunto hasta dentro al menos de seis meses, lo que nos lleva en el mejor de los escenarios al segundo trimestre de 2025.
Este martes los que desde el viernes pasado vuelven a ser 12 magistrados del Constitucional admitirán a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y resolverán sobre la petición de abstención de Juan Carlos Campo, que desde que se incorporó al órgano de garantías se ha abstenido sin problema alguno de todos los asuntos que conoció en el Consejo de Ministros y de aquellos que afectan a su esposa, la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Ya se había apartado del recurso interpuesto por una asociación contra la ley de amnistía, cuando ni siquiera estaba en vigor, porque como ministro de Justicia alegó que la amnistía era “claramente inconstitucional” al informar sobre los indultos del expresidente de ERC Oriol Junqueras y los demás condenados por el ‘procés’.
La diferencia es que ahora su decisión de abstenerse de las deliberaciones debe ser validada por el resto de magistrados del Constitucional, entre los que ya está el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías, que en contraposición no tiene intención alguna de apartarse del debate, pese al informe del órgano de gobierno de los jueces contrario a la medida de gracia.
Macías será, además, el ponente del recurso del Partido Popular, presentado el jueves pasado, cuando estaba a punto de cumplirse el plazo máximo de tres meses previsto para este tipo de impugnaciones. La admisión a trámite se resolverá en el pleno del próximo día 24.
En cualquier caso, la prioridad del TC será resolver las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Supremo o por cualquiera de los jueces con asuntos afectados por la amnistía entre manos frente a los recursos de inconstitucionalidad de partidos o comunidades autónomas. De momento solo le ha hecho llegar sus dudas el alto tribunal por el delito de desórdenes. Ni siquiera lo ha planteado aún por el de desobediencia, pese a que tanto la Sala Segunda como el juez Pablo Llarena dieron traslado a las partes para que se pronunciaran sobre la posibilidad de consultar con el Constitucional la aplicación de la amnistía con este delito.
Tanto del tribunal del ‘procés’ como el juez instructor en el Supremo de este procedimiento consideraban que la ley preveía su aplicación a la desobediencia por la que fueron condenados los líderes independentistas y los procesados en rebeldía, tras las derogación de la sedición, pero mostraban dudas sobre la constitucionalidad de la norma que debían aplicar.
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A diferencia de lo que ha hecho la Audiencia Nacional con los CDR acusados de terrorismo o el Tribunal de Cuentas con la responsabilidad contable que se atribuye a los líderes del ‘procés’ por el 1-O y la acción exterior del Govern, el alto tribunal no planteará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mientras no se pronuncie el Constitucional. Será su siguiente paso a dar si, como espera, el órgano de garantías se muestra favorable a la aplicación de la amnistía al delito de malversación, que en el Supremo consideran que se enmarca en las excepciones previstas en la propia ley para denegar el perdón.
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