Toda la actividad judicial que no se le ha conocido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a la hora de instruir el caso de Tsunami Democrático en estos cuatro años la está haciendo ahora. En un auto notificado este lunes ha ordenado una batería de diligencias, cuyo resultado pide que le sea comunicado también al Tribunal Supremo, en las que se dirige a Enaire, a la UE ya la OTAN para interesarse por la afectación de aeropuertos europeos e internacionales y sus vuelos por el bloqueo del de Barcelona-El Prat el 14 de octubre de 2019, cuando se dictó la sentencia del procesoasí como sobre los problemas de acceso que pudieron tener los controladores aéreos de la torre de Gavà.
Entre la quincena de pruebas que ordena realizar ahora, como si no hubiera solicitado ninguna en los cuatro años en que la causa ha estado bajo secreto, también pide informes al hospital que atendió al turista francés que falleció de un infarto durante las protestas, tomar declaración a su esposa y que se cursa una comisión rogatoria a Francia para hacer un ofrecimiento de acciones a sus familiares, como corresponde en las causas instruidas por delito de terrorismo, calificación que el instructor mantiene, aunque ha sido recurrida por la Fiscalía y sobre la que tendrá la última palabra el Tribunal Supremo en el caso de que asuma la investigación, al aceptar la exposición razonada que se le dirige.
El juez ordena expedir un mandamiento, a través de la Guardia Civil, dirigido a la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Enaire para que conocer todas las “incidencias relacionadas con el tráfico aéreo registradas” el día del bloqueo en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. Pregunta “si se tuvo que desviar algún vuelo con destino” a Barcelona o se vieron afectados otros aeropuertos nacionales e internacionales, así como “cualquier incidencia registrada en la torre de control de Barcelona-Gava.
El magistrado oficia a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) para que informe en relación a “todas las incidencias relacionadas con el tráfico aéreo registrados” ese día, como si se tuvo que desviar algún vuelo con destino a El Prat y el motivo, incluida la afectación que el bloqueo pudo tener en otros aeropuertos nacionales e internacionales.
a la OTAN, a través del Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR)le pide que las incidencias registradas en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (CAOCT), así como cualquier incidencia que se haya podido registrar en el tráfico aéreo nacional e internacional, relacionada con los hechos que tuvieron lugar en el aeropuerto de El Prat. Solicite que se desclasifique la pueda estar secreta para su incorporación al procedimiento penal.
Víctima
Si la primera parte de la batería de diligencias solicitadas se refiere a la afectación de vuelos y su consulta a todos los organismos que pueden tener datos, la segunda se centra. es el fallecimiento que se produjo durante el bloqueo. En este sentido, pide a la Guardia Civil que recabe del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) todas las incidencias médicas contabilizadas en el aeropuerto de El Prat, así como “todos los registros que tengan de aquel día en donde se contengan las circunstancias relativas al fallecimiento” del turista francés.
Entre ellas, se interesa por cuándo tuvo que ser asistido, quién y por qué se acordó su traslado en helicóptero al Hospital de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al que solicita el historial médico completo del fallecido. El juez quiere saber si hacerlo por carretera era imposible por la convocatoria de Tsunami Democràtic, cuánto se habría tardadoy ordena librar una euroorden para identificar a sus familiares y hacerles el correspondiente ofrecimento de acciones, así como tomar declarar a su esposa, que le acompañaba cuando le dio el infarto.
También quiere recabar las llamadas que se pudieron producir al centro de emergencias 112 por parte de sus familiares y cuándo se produjeron, así como de las que se efectuaron por otros motivos y sobre cualquier incidencia registradas en las Terminales 1 y 2 que puedan afectar a la seguridad del aeropuerto.
Jornada de reflexión
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Como si durante los cuatro años que la causa ha estado bajo secreto no se hubiera hecho diligencia alguna, el magistrado también pide ahora a la Junta Central Electoral que informa sobre las actuaciones realizadas en relación con la jornada de reflexión del 9 de noviembre de 2019, así como si se llegó a efectuar algún requerimiento para impedir que se desarrollaran actos, a quién y cuá fue su resultado.
En concreto, quiere que el Ayuntamiento de Barcelona informe de si se autorizó el montaje de un escenario en la Plaza Universidad de Barcelona para la celebración de algún tipo de espectáculo o celebración, y en caso afirmativo, le indique quién solicitó el permiso. A la Guardia Urbana de Barcelona le pide los registros que conserven sobre ese acto y los demás que se puedan producir, así como si se efectuaron proclamas, discursos, mensajes o cualquier otro acto de naturaleza política expresamente prohibido por la ley orgánica electoral general durante la jornada de reflexión. También pide información al respecto a la Delegación del Gobierno en Cataluña.