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el Gobierno de la Generalitat quiere asumir al menos una primera línea de Rodalies antes de que finalice 2024, posiblemente la R1, y que la empresa mixta Rodalies Catalunya, que debe gestionar el traspaso de las cercanías ferroviarias, eche a andar en la primera mitad de este año. «Este es el calendario en el que nosotros nos estamos manejando», ha explicado en una entrevista con EFE la consellera de Territorio, Ester Capella.

capella pactó el pasado 10 de enero con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, constituyen la comisión política sobre este traspaso a lo largo de la primera semana de febrero, si bien sin fijar todavía el día concreto. El Govern ha encargado pilotar el traspaso al exconseller de CiU Pere Macíascon años de experiencia política y gran conocedor del sector y al que ha nombrado recientemente comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies.

Este espacio de decisión política «deberá avalar lo que decidirán las diferentes comisiones» encargadas de desplegar un acuerdo de traspaso «integral» de Rodalies -sellado por ERC y PSOE en el marco de la investidura de Pedro Sánchez- que, ha subrayado, «es muy detallado» y se debe completar a lo largo de la legislatura estatal.

Este mismo año debería transferirse una de las líneas contempladas en el acuerdo. En concreto, el texto contempla el traspaso «al menos» de la R1 (la que discurre por el Maresme), de la R2 sur (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) y de la R3 (el Papiol-l’Hospitalet de Llobregat- Vic-Puicerdà).

Capella ha señalado que «a priori» la línea que parece «más sencilla» de traspasar es la R1, si bien ha matizado que «una cosa es lo que puede pensar una y otra qué dirán los técnicos». También ha dejado la puerta abierta a acelerar los aviones para 2024: «Si nos traspasan dos, pues dos».

Nueva gestora para mitad de año

Otro de los acuerdos es constituir una empresa mercantil bajo el nombre Rodalies Catalunya que asuma los recursos materiales y humanos de Renfe en Catalunya y cuyo consejo de administración estará compuesto a partes iguales por representantes de la Administración General del Estado y de la Generalitat.

El presidente o presidenta lo deberá proponer la Generalitat, que tendrá un «voto de calidad» para decantar las votaciones, si bien las decisiones «estratégicas» requerirán de una mayoría cualificada del consejo. Capella ha indicado que «durante el primer semestre del año debería estar lista la empresa, ya presidida y con su composición establecida».

El citado pacto también contempla el abono de diversas partidas, cuantificadas en poco más de 500 millones de euros en el momento de cerrar el acuerdo y que una vez analizadas en detalle superan los 575 millones.

Una de ellas es el déficit tarifario, en esencia, la parte del coste del servicio que no se sufraga mediante la venta de billetes, sino con aportaciones de las administraciones. Fuentes del departamento cifran en 410,7 millones de euros el déficit tarifario de 2023. En el caso de 2022 se estimaba que fue de 335 millones, si bien finalmente se ha situado en los 401.

Estos recursos deben traspasarse durante el primer trimestre de cada año, según reza el acuerdo. En realidad, el traspaso del déficit tarifario ya estaba incluido en el traspaso de Rodalies de 2010, pero nunca se acabó efectuando.

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Otras partidas que deberán traspasarse a la Generalitat son la deuda generada por el Plan de Acción de Renfe (152 millones, frente a los 132,7 estimados en el texto), la duplicación de los servicios entre Lleida y Manrersa (4,8 millones) y el coste de incrementos de servicios provocados por los cortes de servicio (9,7 millones).

La voluntad de Capella es que el Estado incluya estos recursos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o que, si estos no se aprobaran, que el Gobierno encuentre fórmulas alternativas.