La exdirectora del CNI, Paz Estebanha declarado este viernes como investigada ante el juez que investiga el espionaje al presidente Pere Aragonès. La exjefa de los servicios secretos ha sido interrogada a distancia, por videoconferencia desde los juzgados de Madrid, horas después de que el Gobierno remitiera al magistrado los autos del Tribunal Supremo que autorizaron al CNI a espiar con Pegasus el móvil del presidente catalán argumentando que era líder de los CDR.
Esteban ha declarado durante una hora ante el juez Santiago Garcíala Abogacía del Estado que la representa y la defensa de Aragonès, liderada por Andreu Van den Eyndeen un clima de tensión entre las partes por la filtración de parte de la información contenida en los autos judiciales con los que se autorizó el espionaje, según fuentes conocedoras de la misma.
La exjefa del CNI, que fue cesada a raíz del escándalo de Pegasus, admitió en el Congreso que el CNI espió a una veintena de políticos independentistas, entre ellos Aragonès, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicios secretos. , pablo lucaspero se desvinculó del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por el independentismo.
El CNI defendió que Aragonès lideraba los CDR
En la querella que Aragonès presentó contra Esteban y el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, el presidente detallaba inicialmente tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 -coincidiendo con la investidura de Sánchez-, pero un informe pericial Posteriormente amplió el período en el que el teléfono pudo estar infectado entre julio de 2018 y marzo de 2020.
el Tribunal Supremo avaló el espionaje al móvil de Aragonès en tres autos a petición del CNI: uno de julio de 2019 para permitir el ataque con el ‘software’ malicioso y otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020.
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El Gobierno remitió al juzgado la documentación el jueves tras el acuerdo del Consejo de Ministros con la que se justificó la autorización del espionaje. En estos autos se deja claro que el CNI pidió el pinchazo argumentando que Aragonès dirigía las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y que lo hacía desde la “clandestinidad” pese a que ya era la segunda autoridad del Govern y que lo hacía el margen de su papel institucional.
Aragonès entró como vicepresidente del Govern en junio de 2018 y él mismo denunció ante el juez que fue espiado cuando negociaba con el PSOE la primera investidura de Pedro Sánchez que apoyó a ERC y durante el inicio de la mesa de diálogo.