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Si la espiral acción/reacción en la que han entrado el Gobierno y el juez Manuel García-Castellón no fuera tan grave, parecería el argumento de una película de serie B, con un guion inverosímil. Es, sin embargo, la simple realidad que vivimos y que refleja el empecinamiento de un magistrado por torpedear la posibilidad de amnistiar a Carles Puigdemont —ya otros— acusándole de terrorismo, y la urgencia del Ejecutivo por adecuar el proyecto de ley a las actuaciones del juez para conseguir así que el expresident pueda volver a Catalunya libre de cargos. Pero, más grave aún, lo que evidencia ese enfrentamiento es también la frágil salud democrática del país, con la indisimulada hostilidad que envuelve las relaciones entre el poder judicial, el poder ejecutivo y, ahora también, el legislativo. Porque es en este último poder, en el que reside la soberanía popular, donde la mayoría de los diputados se disponen a aprobar este martes la norma que dejará libres de la actuación penal a quienes participaron en el proceso para declarar unilateralmente la independencia y en los disturbios anteriores y posteriores a ese hecho. El proyecto de ley tendrá que pasar por el Senado, con mayoría del PP, antes de volver a la Cámara baja para su aprobación definitiva.

Si es difícil aceptar que se haga una ley a medida de un puñado de personas a cambio de sus votos para conservar el Gobierno, no parece tampoco justificable acomodar la instrucción de un sumario, iniciado hace cuatro años y semiparalizado en el ínterin, para impedir que el propósito buscado por los gobernantes se lleva a cabo. Sorprende precisamente que cuando ocurrieron los hechos por los que García-Castellón quiere imputar a Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo, es decir cuando la plataforma Tsunami Democràtic adquirió las pistas del aeropuerto del Prat en octubre de 2019, Nadie, tampoco el juez, habló de una acción terrorista. Esa ha sido una acusación sobrevenida, que llegó cuatro años más tarde coincidiendo con las negociaciones del PSOE con Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Igual que coincide con el desarrollo del proyecto de ley cada uno de los autos en los que el magistrado de la Audiencia Nacional va añadiendo imputaciones que, por cierto, no ven ni los investigadores ni la fiscalía.

Esa actuación judicial y la presión de Junts y ERC para garantizar que los suyos se beneficien del olvido penal, forzó la pasada semana al Gobierno a incluir una enmienda que viene a decir que Hay un terrorismo que viola los derechos humanos y otro que no. Un sentimiento que puede dificultar el visto bueno del Tribunal Constitucional. Y ahí estamos, con una parte de los jueces que, sin esconderse, hace oposición al Ejecutivo mientras este, con el mismo descaro, va adaptando las normas legales al objetivo buscado. Una situación difícilmente tolerable, que desalienta a la ciudadanía y genera desconfianza en las instituciones. Aunque habrá, sin duda, nuevas desavenencias en la aplicación de la amnistía, que deben responder estrictamente al criterio jurídico en la interpretación de la ley, unos y otros poderes deben parar ya sus disputas y Aplicar a sus acciones más rigor y un poco de sosiego. Por favor.