A la par que ganaderos y agricultores toman las carreteras se hacen también con la conversación política. En los últimos días, es difícil encontrar a un dirigente político que se enfrente a un micrófono y no tenga que posicionarse sobre la situación del campo y las exigencias de miles de trabajadores que se han echado a la calle para protestar por la llegada de productos de terceros países o las restricciones impuestas por la Política Agracia Común, la PAC. Sin embargo, más allá de declaraciones, ¿qué están haciendo los partidos en el Congreso?
Lo primero de todo, hay que entender que resulta complejo atender las demandas del sector agrario, que empezó hace unos días sus movilizaciones, y trasladarlas de manera inmediata a una ley. Por eso, la gran mayoría de las formaciones que se han interesado en el asunto han vehiculado sus propuestas a través de proposiciones no de ley. Es decir, son iniciativas que no tienen carácter vinculante, pero sí sirven para marcar la acción legislativa futura.
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Tanto PP como PSOE han estado esta semana enfrascados en las elecciones gallegas -sin contar el gran tema de la amnistía- y han dedicado sus debates en el pleno del Congreso y del Senado a defender mejoras en Galicia de cara a los comicios del 18 de febrero. Sin embargo, ambas formaciones se posicionaron en la comisión de Agricultura de la Cámara Alta, celebrada el pasado lunes.
Los de Alberto Núñez Feijóo -quien acusó al Gobierno de “dogmatismo ambiental”- defendieron que la Comisión Europea debe implementar mayores medidas de seguridad alimentaria a los cítricos provenientes de terceros países que no pertenezcan a la UE para evitar la competencia desleal; declarar al sector lácteo y al ganadero como sectores estratégicos; mejorar la ley de cadena alimentaria y garantizar el relevo generacional. Sobre estas dos últimas propuestas no aportaron mayor concreción.
[–>En esa misma comisión, el PSOE planteó en otra proposición no de ley que plantea la necesidad de modernizar los regadíos y poner en marcha una “adecuada gestión del agua dedicada al riego como prioridad”. También propusieron el fomento de las energías renovables para continuar implantando “el modelo de regadíos sostenibles“. Dos días después, durante la sesión de control al Gobierno, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, habló de “reforzar la cadena alimentaria”, pero no dio más pistas.
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La formación liderada por Santiago Abascal registró esta semana una proposición no de ley que se discutirá próximamente en el pleno del Congreso. En este texto, los ultras llevan su rechazo a la Unión Europea al extremo y piden denunciar el Pacto Verde Europeo y sus “graves consecuencias”, derogar todas las políticas que provengan de este Pacto y de la Agenda 2030 o garantizar la “soberanía alimentaria y la eliminación de la competencia desleal”. En este sentido, llegan a proponer la revisión de acuerdos comerciales con terceros países para suspender.
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Este mismo viernes, Sumar ha registrado también una iniciativa en la comisión de Agricultura del Congreso. En el texto, que es la base de su propuesta, plantean los planes de emergencia por sequía, priorizar las ayudas al sector hacia el modelo social y familiar agrario, impulsar un Plan de Rescate Agrario integral, flexibilizar y simplificar la PAC, mejorar los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria y los estándares de seguridad en la entrada de productos vegetales y, por último, reconocer a las organizaciones profesionales agrarias como las representantes e interlocutoras.
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Los republicanos catalanes también han presentado una proposición no de ley relativa a “medidas urgentes” para dar respuesta a las demandas del sector primario. En ella plantean “flexibilizar” las exigencias que provienen de Europa, tanto a nivel burocrático como de ayudas de la PAC; modificar los criterios de reparto y distribución de los recursos de la Política Agraria Común para que “se destinen en su mayoría a los pequeños y medianos agricultores”; “paralizar” la negociación de acuerdos de libre comercio con terceros países y aplicar un mayor control de las importaciones y, por último, reformar la Ley de la Cadena Alimentaria”.
Por el momento, Sumar, Junts, EH Bildu y PNV no han puesto por escrito cuáles son sus propuestas.