La expulsión de la diputada Cristina Casol del grupo parlamentario de Juntstras interponer una denuncia por acoso contra el presidente de su grupo parlamentario que la Oficina de Igualdad de la Cámara no pudo acreditarNo ha acabado con la crisis interna dentro de la formación posconvergente. La parlamentaria de Lleida ya consta como diputada no adscrita, se sienta en el lado opuesto del hemiciclo y ha perdido varios cargos en comisiones; pero ahora el foco está puesto en Aurora Madaula, que esta semana ha regresado a la Cámara tras dos meses de baja médica. La también vicepresidenta del partido tiene abierta otra denuncia por acoso contra la dirección del grupo y está pendiente del informe de la oficina de igualdad, cuyas conclusiones se darán a conocer previsiblemente a principios de marzo.
La cúpula de Junts niega las acusaciones y achaca a la diputada -como ya hizo en su momento con Casol- un uso fraudulento del feminismo para librar batallas internas. Cuando denunciado públicamente “acoso parlamentario” por parte de “compañeros de partido”, encontró la oposición frontal de la mayoría de su bancada y se la invitó a dimitir. Por este motivo, a no ser que el informe de Igualdad diera un resultado muy diferente al de su compañera, todo hace prever que acabará expulsada del grupo parlamentario. Sin embargo, su caso tiene un grado más de complejidadya que, además de diputada, también es secretaria segunda de la Mesa del Parlament. Se trata de un cargo que se elige por el pleno de la Cámara, por lo que hay dudas sobre qué pasaría en caso de ser expulsada del grupo.
El artículo 27 del reglamento especifica que “los diputados que dejan de pertenecer a su grupo pierden los lugares que ocupaban en los órganos parlamentarios”. Es lo que le pasó a Casol cuando fue expulsada de Junts, que perdió la vicepresidencia de la comisión de Acció Climàtica y la secretaria de la de Agricultura. Sin embargo, hay dudas sobre si este precepto solo aplica a las comisiones, o también a la Mesa de la Cámara. La normativa no lo especifica, pero el proceso de elección de estos cargos es muy diferente -uno depende directamente de los grupos y el otro del pleno-, por lo que previsiblemente la decisión recaerá sobre los letrados.
En la Cámara catalana nunca antes se ha producido una situación parecida que pueda servir de ejemplo, pero la situación vivida en las últimas semanas en el Parlament balear, a raíz de la crisis interna de Vox -ahora ya reconducida-, puede servir como precedente.
El caso balear
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El presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, fue expulsado del grupo parlamentario de Vox, pero no perdió el cargo de forma automática. El reglamento es diferente al de la Cámara catalana en varios aspectos, pero hay grandes similitudes respecto a esta cuestión. “Los diputados que dejen de pertenecer a su grupo parlamentario perderán el derecho a ocupar el lugar que ocupaban hasta el momento en los distintos órganos del Parlament”, recoge el artículo 24.8 del reglamento balear, un redactado muy parecido al del catalán. Sin embargo, la expulsión del grupo no comportó automáticamente una pérdida de la presidencia del Parlament. Le Senne consiguió pausarlo con la petición de dos informes a los letrados de la Cámara, que acabaron dando por inválida su expulsión del grupo parlamentario por un defecto de forma.
El caso quedó aquí y Vox consiguió enderezar la situación, así que no se llegó a consumar la ruptura interna. Sin embargo, los letrados baleares emitieron un segundo informe en el que analizaban el fondo de la cuestión. Consideraron que el paso a diputado no adscrito comportaba la pérdida de la presidencia de la Cámara y que todos los partidos tenían derecho a presentar candidato para el puesto, sin tener que mantener el reparto del inicio de la legislatura.
Los reglamentos no son calcados en todos los puntos, pero hace prever que en caso de que Junts expulse a Madaula, su destitución como secretaria de la Mesa tampoco será automática y dependerá de la interpretación de los letrados. Así lo confirman fuentes jurídicas especializadas en materia parlamentaria consultadas por EL PERIÓDICO, que creen que el caso “no tiene una respuesta fácil” y que precisaría de un “análisis jurídico detallado”.
El artículo 180
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En caso de que los letrados consideraran que la expulsión del grupo no conlleva la pérdida del cargo en la Mesa, el reglamento de la Cámara catalana contempla una opción para revocarla. Sin embargo, para que prosperara, Junts necesitaría la colaboración de otros grupos parlamentarios, que difícilmente se mojarían para sumarse a tal operación. Se trata del artículo 180, pero se requiere de tres grupos que representen, como mínimo, una tercera parte de los miembros del Parlament -es decir, unos 45 diputados- para activar el mecanismo y una mayoría de votos en el pleno para que prospere. Tampoco durante el año de interinidad en el que Laura Borràs estuvo suspendida a la espera de juicio, ningún partido se atrevió a activarlo.
Actualmente, los grupos están negociando en ponencia una reforma del reglamento del Parlament que podría incluir nuevos mecanismos -a propuesta del PSC, Ciutadans y los Comuns-, pero, de aprobarse y contar con una mayoría para aplicarlos, tampoco llegarían a tiempo para el caso Madaula.