Los dirigentes de Puertos del Estado ocultaron a Hacienda su relación con el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Esta conclusión se desprende del informe que la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF), un organismo dependiente de la Agencia Tributaria, entregó el pasado 2 de febrero al juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
El funcionario de Hacienda pone de manifiesto en el informe, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, las “contradicciones” que ha detectado entre la versión que le trasladaron los organismos públicos que pagaron las mascarillas y las pruebas que aportaron los empresarios, en alusión al supuesto cerebro de la red corrupta, Juan Carlos Cueto, y al “comisionista facilitador” de los contratos, Víctor de Aldama.
“Por parte de los clientes públicos, se niega la participación del señor De Aldama de forma absolutamente general. En este punto se quiere aportar un ejemplo aportado por Soluciones de Gestión SL para demostrar la relación con algunos de los clientes de forma directa. Nos referimos a Puertos del Estado“, especifica el informe de Hacienda.
Contestación de Puertos del Estado
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En concreto, fue el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, quien de forma literal negó que la institución hubiera mantenido relaciones con los integrantes de la red que dio el pelotazo de 16 millones con las mascarillas: “Este organismo público nunca ha tenido relación o vínculo alguno con las citadas empresas ni con el señor Víctor Gonzalo de Aldama Delgado“, zanjó Rodríguez Dapena.
También negó que la elección como proveedor de la mercancía adquirida se debiera “a la participación de estas mercantiles y persona señalada como intermediarios, de los que se desconocía su existencia hasta la fecha o su posible vinculación con la mercantil adjudicataria. Todo lo relacionado con el expediente de contratación indicado se llevó a cabo exclusivamente con la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL“, prosiguió el presidente de Puertos del Estado, en su respuesta a requerimiento de la ONIF, que ayuda al juez en sus pesquisas.
Sin embargo, el 20 de enero de 2021, destaca la Inspección, la empresa Soluciones de Gestión SL aportó “pruebas de relaciones con algunos de los clientes institucionales. Una de ellas lo es con representantes de Puertos del Estado, aún en fecha anterior a la publicación de la orden (OM) del Ministerio. Todas estas relaciones han sido negadas por los clientes y los intermediarios”, advierte el inspector Raúl Burillo Pacheco, quien fue delegado de la Agencia Tributaria en las Islas Baleares.
Un mensaje
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En concreto, se trata de un mensaje de Whatsapp de 20 de marzo de 2020 a las 20.57 horas, incluido en el informe de Hacienda dirigido al juez Moreno, en el que el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, facilita su correo electrónico oficial a De Aldama: “El correo todo en minúsculas. Cuando lo mandes avísame”, especifica el mensaje.
Y antes de que pasara una hora uno de los empleados de la empresa Soluciones de Gestión SL envió un correo electrónico al email que había facilitado el secretario general de Puertos a De Aldama. En el mensaje, un empleado de la empresa Soluciones de Gestión, que formalmente pertenece a Juan Carlos Cueto, plantea la oferta de las mascarillas.
“Estimado señor Sánchez, adjunto le anexo nuestra oferta para 8 millones de mascarillas FFP2, según los términos y condiciones económicas y logísticas indicadas en la misma. La entrega de la totalidad de la mercancía será realizada en Madrid en dónde ustedes indiquen. Anexamos también los certificados de estar el corriente en los pagos a la Seguridad Social (TGSS) y a la Agencia Tributaria (AEAT), así como escrituras de constitución de la sociedad”, escribe el empleado de la firma Soluciones de Gestión al secretario general de Puertos del Estado.
Sánchez Manzanares
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Ante esta contradicción, el inspector de Hacienda, que destaca el hecho de que la oferta tuviera lugar antes de la convocatoria público del Boletín Oficial del Estado (BOE), cree necesario verificar “la realidad de la intervención del señor De Aldama”.
Precisamente, el juez instructor de la causa, Ismael Moreno, ya ha requerido a Puertos del Estado para que le entregue una copia del contenido de todos los buzones y carpetas entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020 de los correos electrónicos corporativos del expresidente del organismo, Francisco Toledo; del mencionado secretario general, Álvaro Sánchez; de la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos, Aránzazu de Miguel; y de la responsable del Departamento Jurídico, Belén Caballero. También ha ordenado que se le entregue el contenido de los mensajes del resto de funcionarios de ADIF y de Interior que participaron en los diferentes contratos bajo sospecha.
La investigación se ha centrado por parte de esta Inspección entre los que nos han trasladado una verdad incompleta y los que mienten […]. Por ello es necesario confrontar a los intervinientes, públicos y privados, y elaborar un relato veraz del cual se puedan extraer las consecuencias, entre ellas las tributarias.
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El nombre de Álvaro Sánchez Manzanares también consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dan cuenta de que el todavía secretario general de Puertos del Estado ejerció de “interlocutor” del presunto comisionista Víctor de Aldama para la adjudicación del contrato más sustancioso de los investigados, el firmado con este organismo público por valor de 20 millones de euros.
“Puertos del Estado fue “clave”
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Finalmente, la ONIF considera “clave” el hecho de que el primer cliente fuera el Ministerio de Transportes, siendo el órgano de contratación Puertos del Estado (8.000.000 de unidades) y pocos días después ADIF (5.000.000 de unidades). “Los importes y unidades contratadas son muy elevados. A continuación lo es el Ministerio de Interior y las dos Comunidades Autónomas”, en referencia a Canarias y Baleares, destaca Hacienda.
“¿Por qué contrató Puertos del Estado a Soluciones de Gestión SL?”, se pregunta el funcionario de Hacienda, que informa: “Ante esta pregunta nada respondió, más allá de remitirse a las indicaciones recibidas del Ministerio para contratar a esta sociedad. Es decir, fue el Ministerio directamente y no Puertos del Estado el que organizó la selección del proveedor. No tenemos más información“, lamenta el inspector de la ONIF, que finaliza: “La investigación se ha centrado por parte de esta Inspección entre los que nos han trasladado una verdad incompleta y los que mienten […]. Por ello es necesario confrontar a los intervinientes, públicos y privados, y elaborar un relato veraz del cual se puedan extraer las consecuencias, entre ellas las tributarias”.
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El Periódico de España se ha puesto en contacto con una portavoz de Puertos del Estado que ha declinado hacer declaraciones sobre el contenido del informe de la ONIF que tiene en su poder el juez Ismael Moreno.