La teniente fiscal del Tribunal Supremo o número dos de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Ángeles Sánchez Conde, Gelli, como la llaman todos, ha apartado formalmente a María de la O Silva, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del caso del presunto defraudador de impuestos en la compraventa de mascarillas Alberto González Amor, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en su lugar ha designado a Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La información obtenida por EL PERIÓDICO, confirmada por fuentes de la investigación, es el prólogo de la decisión que adoptará la sala civil y penal del TSJM sobre la base del informe del ponente de la querella y de una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, que será conocido de forma inminente.
El ponente tiene que pronunciarse tanto sobre la querella de González Amador por presunta revelación de secreto que habrían cometido los fiscales Julián Salto y su jefa en la Audiencia de Madrid, Pilar Rodríguez, como sobre la exposición razonada que envió al TSJM el juez Jaime Serret, titular del juzgado de instrucción número 28 de Madrid, en la que solicitó en la última semana de abril, que se investigue a los fiscales citados, a raíz de una denuncia del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, en la que apunta a la vulneración del artículo 417 del Código Penal (revelación de información por funcionario en ejercicio de sus funciones).
Según hemos anticipado, el ponente, Rodríguez Padrón, emitirá un informe favorable sobre los dos puntos centrales: el TSJM de Madrid tiene la competencia sobre los dos fiscales, habida cuenta de su aforamiento; y los hechos revisten ‘prima facie’ una conducta presuntamente delictiva.
Será la sala civil y penal presidida por el presidente del TSJM, el ponente en este caso, la que deberá deliberar y votar una vez emitido el informe.
A continuación, la sala, caso de admisión, procederá a designar un magistrado instructor (diferente, lógicamente, del ponente) para poner en marcha las diligencias de investigación.
Delitos fiscales
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¿Qué se investigará? Alberto González Amador acusa a los fiscales mencionados de presunta revelación de secretos sobre su expediente en la Agencia Tributaria. Y, pretende asimismo la nulidad de las actuaciones contra él.
González Amador, según la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Madrid, cometió dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en una operación de venta de mascarillas.
La pareja de Ayuso realizó dos operaciones de venta de mascarillas durante la pandemia. Una el 5 de mayo de 2020 le aportó una comisión de 834.320 euros; una segunda el 2 de agosto de 2020 le permitió obtener otra comisión de 1.138.680 euros.
Tras detectar las inspectoras de la Agencia Tributaria, a través de una inspección iniciada en 2022, un posible fraude fiscal a través de empresas pantalla, el 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador, el exinspector y exalto cargo de Hacienda, Carlos Neira, recomendó a su cliente llegar a un pacto.
En un documento enviado a la Fiscalía de Madrid, González Amador admitía haber cometido dos delitos, aceptaba penas de cuatro meses de cárcel por cada uno de ellos y pagar 520.000 euros, y se mostraba dispuesto a renunciar a la obtención de subvenciones o ayudas públicas y al derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses.
Fue en el curso de esta investigación avanzada y propuesta de acuerdo de conformidad, todo ello a punto de ser judicializado, como era preceptivo, en la Audiencia de Madrid, cuando una guerra mediático-política, ha permitido tanto a González Amador como a su pareja presentarse como víctimas del gobierno de Pedro Sánchez y la Fiscalía General del Estado.
Los datos de la investigación -reservada- fueron filtrados a través de una primicia informativa.
La acción de Miguel Ángel Rodríguez
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A continuación, para matar la noticia y controlar daños, Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, salió al ruedo cometiendo un error estratégico: filtró una parte de la correspondencia entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, Neira.
Allí, lo que era un correo de respuesta del fiscal a una propuesta de acuerdo del entonces investigado se presentaba a la Fiscalía de Madrid como la autora de la idea de pacto de conformidad. Rodríguez completaba su labor de intoxicación con una línea, escrita de puño y letra, dirigida a los periodistas, donde decía que la Fiscalía “retiró [el pacto] por órdenes de arriba”.
La fiscal superior del TSJM, Almudena Lastra, se aprestaba a difundir un comunicado en el que desmentía la intoxicación pretendida por Rodríguez. A saber: el pacto era propuesta de González Amador, no de la Fiscalía. El desmentido se limitaba a desmontar la operación de Rodríguez sin aportar detalle alguno sobre la actuación de la Fiscalía.
Pero, como en la canción de Carlos Pueblo sobre Fidel Castro y su revolución, “En eso llegó Álvaro”.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García, entendió que el desliz de Miguel Ángel Rodríguez le daba el pretexto para entrar a saco, e intentó hacerlo a través de la fiscal superior Lastra, quien le pidió por escrito la orden y manifestó su desacuerdo.
Álvaro García se apañó con la Fiscalía de Madrid. Y ordenó a la Fiscalía del TSJM difundir el comunicado que creía idóneo para a su vez matar la maniobra de Rodríguez.
Y en dicha comunicación, publicada el jueves 14 de marzo , se informaba de todos los pasos del procedimiento reservado (no secreto, porque el asunto todavía estaba pendiente de judicializar).
Dos semanas más tarde, mientras González Amador y Ayuso aprovechaban la cáscara de plátano que había pisado el fiscal general del Estado declarándose víctimas de Pedro Sánchez, la jueza Inmaculada Iglesias, titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, admitía a trámite la querella de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por dos delitos fiscales y uno de falsedad, y le citaba a prestar declaración el próximo 20 de mayo.
Pero la sacudida dentro de la Fiscalía seguiría su curso. Porque la línea argumental fijada por García es que no ha habido revelación de datos o hechos y por tanto la Fiscalía ordenó a la fiscal en el TSJM, María de la O Silva, a hacer un informe a la sala penal y civil en el que se solicitaba a los jueces desestimar la querella.
La fiscal pidió ver los correos intercambiados en el asunto antes de decidir. ¡Vade retro!
La FGE se vio obligada a convocar una junta de fiscales de sala para dirimir si se informaba contra la admisión de la querella. Aunque el fallo no era vinculante, 15 fiscales se manifestaron a favor de informar contra la admisión de la querella, 13 a favor de informar favorablemente a su admisión y 2 fueron de la idea de que la investigación se hiciese en la Audiencia de Madrid. Es decir: 15 contra la investigación y 15 a favor, aunque dos de ellos propusieron Madrid.
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El siguiente paso fue el de informar a la sala civil y penal en el sentido contrario a la admisión de la querella. Y ahora la sustitución de la fiscal Maria de la O Silva por Francisco Javier Montero. Se han ido a Extremadura para sustituirla.
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