La Sala Civil Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha solicitado a la fiscalía y a las demás partes personadas que se pronuncien en un plazo de 10 días sobre si es procedente o no la aplicación de la ley de amnistía publicada este martes en el BOE en cinco procesos judiciales que han juzgado o están tramitando, como es el caso de la condena del expresidente de la Generalitat Artur Más, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau por la consulta del 9-N de 2014.
Esta misma decisión, la ha tomado el alto tribunal respecto al exmandatario catalán Quim Torra, los exdiputados Bernat Solé y Pau Juvillà, y en la causa abierta contra el parlamentario de ERC Josep Maria Jové, el exdiputado Lluis Salvadó y la consellera en funciones, Natalia Garriga. Estos tres últimos están pendientes de ser juzgados por los preparativos del referéndum unilateral del 1-O.
En diciembre de 2018 el Tribunal Supremo redujo a un año y 1 mes de inhabilitación por delito de desobediencia la condena de inhabilitación impuesta al expresidente Mas por el 9-N. El TSJC le había impuesto meses antes a dos años de inhabilitación por desobediencia por impulsar la celebración de la consulta soberanista pese a la advertencia del Tribunal Constitucional (TC). Los magistrados también condenaron por el mismo motivo a un año y nueve meses de inhabilitación a la exconsellera Ortega y a un año y medio a la exconsellera Rigau. Ahora, tanto la fiscalía, como la acusación y defensa deberán pronunciarse si se debe o no aplicar la ley de amnistía en este caso.
El mismo trámite debe pasar el caso de Torra, condenado por el TSJC a 1 año y 6 meses de inhabilitación especial y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, al considerar que desobedeció de forma reiterada y contumaz las órdenes de la Junta Electoral Central para que retirase determinada simbología de edificios públicos dependientes de la Generalitat durante el proceso electoral de las elecciones generales convocadas para el 28 de abril de 2019. Esta condena le costó el cargo. El 5 de mayo de 2023, la Audiencia de Barcelona le condeno por segunda vez a 15 meses de inhabilitación por un hecho similar.
Otros casos
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El que fuera conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé, por su parte, fue condenado en enero de 2021 un año de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y funciones de gobierno y el pago de una multa de 16.800 euros por un delito de “desobediencia grave” por su “participación activa” en la organización del referéndum unilateral cuando era alcalde de Agramunt (Lleida). En la sentencia calificaba su conducta “inobediente” de “contumaz y persistente”.
El Tribunal Supremo confirmó en febrero del 2024 la condena por delito de desobediencia impuesta al exdiputado y exconcejal de la CUP en Lleida Pau Juvillà por no retirar los lazos amarillos de una ventana del Ayuntamiento durante el periodo electoral de las generales de abril de 2019, pese a ser requerido varias veces a hacerlo por la Junta Electoral. De esta manera, ratificaba la sentencia del TSJC
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El caso del diputado de Jové, Salvadó y Garriga es diferente, pues estaban pendientes de juicio. Se debería de haber celebrado a partir de este mes de abril, pero el TSJC decidió aplazarlo por la convocatoria de las elecciones catalanas. La Fiscalía Superior de Catalunya reclama siete años de prisión, 32 años de inhabilitación para cargo público y multa de 30.000 euros para Jové, y seis años de cárcel, 27 años y tres meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Salvadó, por los preparativos del referéndum unilateral del 1-O y la creación de las “estructuras de estado”. También está acusada Garriga.