El Gobierno camina con tiento sobre la negociación de una financiación singular para Catalunya, un complejo asunto que ERC ha puesto encima de la mesa a cambio de su eventual apoyo a la investidura de Salvador Illa como president. Pedro Sánchez y María Jesús Montero ya han dado el visto bueno a la búsqueda de alguna fórmula que implique un trato distinto a esta comunidad autónoma, dejando claro que no contemplan su salida del régimen común a través de un concierto como el vasco.
Pero ha bastado esta mera toma de posición, sin ningún detalle concreto, para que casi todas las formaciones representadas en el Congreso de los Diputados alcen la voz: de Junts al PP, pasando por Compromís y las propias federaciones del PSOE. La cuadratura del círculo, incluso para un Gobierno acostumbrado a sacar proyectos adelante contra pronóstico y en el último momento, parece aquí muy difícil.
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Los republicanos piden una financiación singular que permita a la Generalitat recaudar y gestionar todos los impuestos que se generen en su territorio. Con ERC como elemento imprescindible para que no haya repetición electoral en Catalunya, una convocatoria que torpedearía los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, el Gobierno evita poner el acento en su rotunda negativa a un concierto de este tipo. Fuentes de la Moncloa hablan ya de la búsqueda de “fórmulas imaginativas” para la comunidad, pero de momento, dentro de su prudencia declarativa, tampoco respaldan la propuesta de Illa, recogida en el Estatut, que pasa por crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat.
En el Gobierno no son capaces de anticipar qué acabará ocurriendo, pero desde hace algo más de una semana el pesimismo sobre las posibilidades de un acuerdo en Catalunya cotiza al alza entre los ministros. Aun así, siguen albergando la esperanza de que al final, en el “último día”, explica un miembro del Ejecutivo (la fecha límite es el 25 de agosto), ERC termine votando al líder del PSC. No tanto por los frutos de una negociación que formalmente acaba de empezar, sino porque a los republicanos, a diferencia de Junts, no les interesan unos nuevos comicios tras sus malos resultados del pasado 12 de mayo.
[–>Los posconvergentes ya han dejado patente su incomodidad y malestar ante el actual debate sobre la financiación catalana. La negociación entre el PSC y ERC, con el Gobierno al tanto de todos los movimientos de los socialistas catalanes, deja de lado al partido de Carles Puigdemont. El expresident de la Generalitat ya habla de “escándalo” y “chantaje”.
Ante un ambiente tan caldeado con Junts, cuyos siete diputados en el Congreso resultan tan indispensables como los de ERC para que el Gobierno saque adelante sus iniciativas, Sánchez y sus colaboradores ya han comenzado a lanzar guiños. El martes, el jefe del Ejecutivo abrió a los posconvergentes el pacto sobre la financiación, desligándolo de la investidura de Illa.
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Los populares salieron en tromba en cuanto el Ejecutivo comenzó a hablar de financiación específica para Catalunya. A su juicio, se trata de un nuevo episodio de “compra de votos” con el único fin de que Sánchez continúe en la Moncloa. Pero los socialistas contestan que la autonomía cuenta con competencias de las que carecen otros territorios, como la política penitenciaria y la seguridad, y recuerdan que el PP catalán ya abrazó la “singularidad” de esta comunidad en su programa de 2012.
El hipotético pacto con ERC se firmaría independientemente de la reforma del régimen común, sin que Catalunya saliera de este. Para cambiar el sistema que afecta a todos los territorios salvo a Euskadi y Navarra, y continúa vigente pese a que su periodo de aplicación caducó en 2014, se necesita el concurso del PP, que gobierna en 11 de las 17 autonomías. Pero el acuerdo entre los dos principales partidos se antoja imposible. Primero, por la aversión de Alberto Núñez Feijóo a sellar pactos con el PSOE. Y después, casi más importante, por las divergencias de criterio entre los distintos territorios conservadores. Andalucía, por ejemplo, defiende dar un mayor peso a la población en el cálculo, un enfoque al que se opone Galicia.
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Las diferencias internas no solo afectan al PP. También los socialistas se encuentran divididos ante un debate en el que las posiciones dependen más del territorio que de las siglas. De forma paradójica, el PSOE tiene a su favor que su poder territorial es ahora bastante escaso, tras la debacle de las elecciones autonómicas celebradas hace un año. Pero eso no ha impedido que distintos líderes territoriales del partido hayan clamado en contra de la financiación particular para Catalunya.
El más contundente, como siempre, ha sido el presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page. “Tontos no somos en este país”, dijo hace unos días. La “singularidad”, añadió, es solo un forma de enmascarar un “privilegio”. Desde las federaciones extremeña y castellano-leonesa se lanzaron mensajes similares. A todos ellos, la dirección socialista les pidió que tengan “confianza” en que “no se perjudicará a ningún territorio”. Pero el malestar sigue ahí.
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El ala izquierda del Congreso tampoco es ajena a este debate. Partidos como Compromís y la Chunta Aragonesista, que forman parte de Sumar, socio minoritario en el Congreso, ya han advertido de que bloquearán en el Parlamento cualquier tentativa de dar a Catalunya un trato diferente sin que se reforme todo el sistema de régimen común, algo que el Ejecutivo no contempla llevar a cabo si no hay pacto con el PP.
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