Vox se convierte en el partido político más señalado por el Tribunal de Cuentas, que pone el foco en la falta de claridad sobre el origen de sus ingresos. En su informe del año 2020, el órgano fiscalizador apunta a los de Santiago Abascal por tres infracciones recogidas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos que podrían conllevar sanción, entre ellas la de aceptar ingresos en efectivo y permitir donaciones finalistas y aportaciones no identificadas. El tribunal deberá ahora informar al interesado y abrir periodo de alegaciones, y después deberá resolver si inicia expediente sancionador contra el partido, que deberá resolverse en un plazo de seis meses.
El Tribunal de Cuentas ha publicado este viernes el informe de fiscalización de los partidos políticos del año 2020 después de aprobarse este jueves en el Congreso de los Diputados. En él, Vox es el partido en el que más se ha detenido el órgano constitucional, señalándole por tres incumplimientos, mientras certifican también las irregularidades de Sortu y Catalunya en Comú, que también recibieron donaciones y aportaciones no identificadas, y al PDeCat por aceptar donaciones finalistas, encaminadas a un objetivo concreto.
En el caso del PDeCat, fue sancionado en enero por el Tribunal de Cuentas con una multa de 241.399 euros también por haber recibido este tipo de donaciones, prohibidas por la legislación sobre financiación de partidos. Junto a él, fueron sancionados por los mismos hechos Més per Mallorca, con 30.000 euros.
El informe también apunta a Catalunya en Comú y Barcelona en Comú -la marca autonómica y municipal de los Comunes-, junto a Foro Ciduadanos, por falta de colaboración con el Tribunal de Cuentas, al no facilitar documentos, datos y justiicaciones que habían sido requeridos por el órgano fiscalizador. Una aportación de información que es obligatoria, según establece en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, y cuyo incumplimiento puede conllevar sanciones leves.
El caso de Vox
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En el caso de Vox, recibió en 2020 un total de 15, 33 millones de euros, del que el 66% responde a la finciación pública recibida y el 34% son ingresos de origen privado, y es en este apartado donde el Tribunal de Cuentas pone el foco. El órgano señala por ejemplo un importe de ingresos de 102.048,30 euros que fueron registrados como actividades promocionales, pero el órgano advierte que “existe una incertidumbre” sobre si esos ingresos se corresponden realmente con donaciones o con venta de productos. De este apartdo, además, advierte que hay 53 ingresos de más de 300 euros (29.491,81 euros en total), incumpliendo la normativa que obliga a identificar al donante en estos casos.
Además, apunta a algunos errores en la contabilidad, con una docena de cuentas bancarias a su nombre, aunque con saldo a cero, y el traspaso de unas cuentas a otras sin hacerlo constar en la contabilidad oficial. El Tribunal de Cuentas menciona específicamente un traspaso de fondos en diciembre de 2020, por un total de 87.332,50 euros, desde la cuenta corriente específica de cuotas a la de donaciones. Un movimiento del que hay registro en las cuentas bancarias pero que no está en el balance. El órgano fiscalizador apunta también a la falta de justificación de 55.418,40 euros de ingresos excepcionales, que fueron regularizados en ese ejercicio sin que Vox acreditase a qué correspondían.
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El informe es el resultado de la auditoría que hace el órgano sobre la contabilidad de las fomraciones y el cumplimiento de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, y recoge algunas recomendaciones dirigidas al Congreso y a las Cámaras para mejorar el control de las cuentas de los partidos, cuyos ingresos provienen mayoritariamente de las arcas del Estado, en un 73%. De los 245 millones que percibieron en 2020, sólo el 27% (66 millones) tenía un origen privados -y de esta cifra casi la mitad, un 44%, procede de aportaciones de cargos públicos- , mientras que el 73% de los ingresos de los partidos -179 millones- es de origen público, de los que el 31% proviene de subvenciones estatales, un 5% de subvenciones autonómicas, un 6% de subvenciones electorales y el 58% (65 millones) proviene de aportaciones de grupos parlamentarios , a su vez sufragados por el Ministerio del Interior.