Junts per Catalunya ha presentado una enmienda a la reforma del reglamento del Parlament pactada con PSC, ERC, los Comuns y la CUP y que la Cámara ha empezado a tramitar esta misma mañana. Los posconvergentes han pedido que se elimine el artículo 25.4 de la normativa parlamentaria, que permite la suspensión de un diputado en caso de que se le abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción y que sirvió como prerrogativa para suspender hace dos años a la entonces presidenta Laura Borràs.
Así, la formación ha decidido aprovechar el acuerdo alcanzado con el resto de grupos sobre el voto telemático y delegado, que servirá para amparar casos como el de Carles Puigdemont o Lluís Puig, para introducir esta demanda. Y no es la primera vez que lo intentan. De hecho, cuando se suspendió a Borràs ya defendieron que este artículo vulneraba la presunción de inocencia y presentaron una enmienda en esta línea durante el último intento de reformar el reglamento, que finalmente decayó por la convocatoria anticipada de elecciones.
Se trata de un artículo que se incluyó en la normativa de la institución en 2017. En su momento, fue la CUP quien lo auspició, tras transaccionar el texto con Junts pel Sí (ERC y Junts) -en pleno pulso para las leyes de desconexión- y logró que se aprobara con el apoyo de todos los grupos salvo el PP.
Los letrados de la Cámara se han pronunciado en alguna ocasión en contra de que la institución pueda tener esta facultad, ya que consideran que presenta «serias dudas de constitucionalidad» al poderse aplicar sin haberse celebrado aún el juicio. Sin embargo, PSC, ERC, la CUP y los Comuns estuvieron de acuerdo con aplicarlo en su momento con Borràs y, al menos por el momento, los posconvergentes no han conseguido apoyos para derogarlo, a la espera de saber si podrán recabar algún apoyo que le permita aprobar su propuesta cuando se debata en el pleno el próximo 25 de julio.
El voto telemático
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En lo que sí hay acuerdo entre estos grupos es en regular el voto telemático y a distancia, flexibilizar la cesión de diputados entre grupos parlamentarios y modificar la mayoría necesaria para aprobar las declaraciones institucionales en la Cámara.
PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP se pusieron de acuerdo para sacar adelante esta reforma y para hacerlo lo más rápido posible, después de que el Tribunal Constitucional anulara la fórmula usada durante la pasada legislatura para aceptar el voto de Lluís Puig. El fallo llegó por un recurso de los socialistas, que ahora, en plenas negociaciones para la investidura de Salvador Illa, se ha sumado al acuerdo, que no podría salir adelante sin su apoyo debido a la nueva aritmética parlamentaria.
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La votación de este jueves ha servido solo para acordar que la tramitación fuera por la vía rápida, pero la aprobación definitiva no será hasta el día 25, cuando se someterá a elección tanto la reforma pactada como las enmiendas presentadas.
