De los cinco días de “reflexión” que mantuvieron en vilo a un país surgió un compromiso: regular y acotar la difusión de bulos y desinformaciones. Dos meses después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado su propuesta en el Congreso. Se extraen dos líneas de acción: que los medios de comunicación hagan pública su propiedad y que la ciudadanía pueda saber cuánto invierten sus gobiernos en publicidad institucional.
Lo recoge esencialmente el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación, una normativa que es de obligada aplicación y cumplimiento por parte de los estados miembros desde el 12 de abril de este año.
Junto con la Ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), son las dos herramientas que ha puesto en marcha Europa para atajar el problema de la desinformación y que han abierto un gran debate: cuál tiene que ser el papel de los gobiernos a la hora de regular las ‘fake news’.
Que los bulos ya existían antes de Twitter se ha convertido casi en dicho popular. Pero la desinformación ahora llega a través de las redes sociales. Las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidad de retuitearse, según un estudio de Science (2018). Pero centrarse en solo una de las patas de la desinformación, coinciden los expertos, es poner puertas al campo.
Shivika Sharma, abogada experta en regulación tecnológica europea de la plataforma Logically, explica que “la mayoría de las leyes contra la desinformación” se centran en un aspecto concreto y “penalizan la creación o el intercambio de información ‘falsa’, generalmente sin definir de manera significativa” qué se considera falso. Una legislación [como la DSA] “que obliga a las plataformas de redes sociales a ser más transparentes y responsables, al tiempo que refuerza los esfuerzos de alfabetización mediática y digital es un paso en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”.
En busca de una definición
[–>
Carlos Hernández-Echevarría, director asociado de la European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), señala una “parte incómoda” de la aplicación del Reglamento sobre la libertad de medios: los estados son los encargados de definir qué es un medio de comunicación. “Es un error. Lo que hace falta es un consenso, una discusión entre profesionales de la información y académicos para decidir qué convierte una publicación en un medio y qué lo diferencia”, apunta.
Coincide Alexandre López-Borrull, profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, que explica que los gobiernos se han centrado en aquellas desinformaciones que “tienen un efecto sociopolítico o sobre la legitimidad de las administraciones”, lo que, si se regula desde ese órgano y sin consensos “puede parecer que el gobierno se está defendiendo”.
López-Borrull aboga por un “pacto nacional” con mayorías parlamentarias y voces expertas que cuenten con “legitimidad social” para hacer una aproximación global. “Todo el mundo ve que solo no es capaz de luchar contra la desinformación”, incide, y añade que habría que contar con profesionales también de la abogacía o la medicina, uno de los campos más afectados por la desinformación, como quedó evidenciado con el covid-19.
No existe una fórmula mágica ni única para atacar la desinformación
[–>
“Los gobiernos democráticos no pueden ni deben ser los únicos árbitros de la verdad”, sentencia Sharma. Para la experta, igual que para el resto consultado, un enfoque “centrado únicamente en la legislación no puede resolver el desorden de la información”.
En este sentido, Hernández-Echevarría explica que “el problema de la desinformación se entiende desde diferentes ámbitos”, que se resumen en el papel de las plataformas, el freno a las campañas coordinadas de injerencias extranjeras y en la educación mediática. Con todo, apunta, “las medidas tomadas deben actuar a través del fortalecimiento de los medios”.
El periodista recuerda que quien consume medios está menos desinformado, como señala un estudio de la Universidad de Navarra. En este sentido, Sharma incide en que los “antídotos contra la desinformación” son un periodismo independiente y una buena información pública e insiste: “La legislación debe hacer afirmaciones positivas para apoyar el debate, facilitar la libertad de expresión y ofrecer protección a los verificadores y a los medios independientes”.
[–>
Todo ello sin olvidar, como explican tanto Sharma como López-Borrull, que la desinformación es la expresión de una causa previa, la consecuencia de diferentes crisis sociales y que, como tal, hay que abordarlas para frenarlas.