En la semana decisiva de las negociaciones entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa, el presidente del Gobierno mueve ficha para empujar un acuerdo. Este miércoles tiene previsto desplazarse a Barcelona para reunirse con el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, según avanzan fuentes de Moncloa. Un encuentro que pese al contexto se intenta dotar de un marco institucional. Eso sí, sin descartar que se aborden acuerdos pendientes del pacto de investidura en el Congreso para avanzar en ellos. Esta misma semana, el viernes, el jefe del Ejecutivo se reunirá con el nuevo lehendakari Imanol Pradales, previsiblemente en Vitoria, según fuentes del Gobierno.
Aunque desde el Ejecutivo dicen mantenerse al margen de las negociaciones para la investidura de Illa, otorgando plena autonomía al PSC, este lunes ya se convocó de forma paralela a las conversaciones la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat para cerrar compromisos pendientes con los republicanos, todavía al frente del Ejecutivo catalán. El Gobierno y la Generalitat dieron un impulso al traspaso de Rodalies por el que se transferirán 1.520 millones de euros en tres años (2024, 2025 y 2026) para compensar a Cataluña por gastos relacionados con esta infraestructura.
La fecha límite para la investidura es el 25 de agosto, pero la secretaria general de ERC, Marta Rovira, lanzó un ultimátum para cerrar un preacuerdo antes de agosto o, de lo contrario, se leventaría de la mesa. Aunque fuentes socialistas admiten que hay “voluntad” por parte de la líder independentista de cerrar un acuerdo, máxime tras su regreso a España después de años huida de la justicia.
Los republicanos han demandado al Gobierno asimismo avances en los compromisos de investidura y un “paso adelante claro” hacia una suerte de cupo catalán. Lo primero comenzó a materializarse este lunes, pero el Gobierno sigue cerrándose a la opción del concierto económico, para insistir en una financiación singular y en el marco del Estatut, al igual que el PSC.
El acuerdo sobre la condonación parcial de la deuda no se abordó en profundidad en el encuentro bilateral de este lunes, según fuentes del Ejecutivo. Una de las cuestiones que forman parte del acuerdo de investidura con los republicanos y que están todavía sin desarrollar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que antes de finalizar julio abordaría esta cuestión, extensible a todas las comunidades autónomas que lo soliciten, con un orden que permitía comenzar por Cataluña. La fecha para aterrizar la condonación parcial, que en el caso de Cataluña supondría unos 15.000 millones de euros, no está cerrada.
Compromisos pendientes
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La lista de deudas pendientes que ERC exige al Gobierno antes de cerrar un preacuerdo con el PSC va más allá. Además de Rodalies, el traspaso del ingreso mínimo vital, recursos comprometidos en investigación o la mencionada condonación de la deuda. A pesar de las presiones y ultimátums, desde el Ejecutivo mantienen su optimismo para alejar el escenario de una repetición en Cataluña. El propio Pedro Sánchez trasladó a la dirección socialista en la última ejecutiva del partido tranquilidad porque el acuerdo para la investidura “no está hecho, pero avanza”.
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Los socialistas insisten en que una repetición electoral en Cataluña perjudicaría principalmente a ERC. Con todo, acompañan su optimismo de cierta cautela al estar condicionado un hipotético acuerdo al aval de las bases republicanas.