El acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat ya es oficial, pero no definitivo. Las bases de los republicanos deberán decidir el viernes si dan el visto bueno al documento final, que tiene como punto central una nueva financiación para Catalunya, pero que también recoge otros avances en tres carpetas más: blindar la lengua y cultura catalana, progresar en la resolución del conflicto político en Catalunya y dar continuidad a algunas de las políticas sociales vigentes.
Estos son las principales claves de la propuesta, cuya letra pequeña se irá desgranando en los próximos días:
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La piedra angular del acuerdo era desde el primer momento una nueva financiación para Catalunya. Los republicanos han asegurado este lunes que la Generalitat tendrá la llave de la caja. Es decir, gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará el 100% de los impuestos que se paguen en la comunidad autónoma -salvo los locales-, aportando una “cuota de solidaridad” al Estado, cuyo porcentaje está todavía por definir.
Este nuevo sistema implicará dos cambios importantes: el primero es que Catalunya saldrá del régimen común; y el segundo es que desarrollará la Agencia Tributaria propia. Para garantizar este modelo, ERC ha asegurado que el acuerdo prevé todas las modificaciones legales necesarias para que quede blindado aunque el Gobierno central cambie de color, pese a que la logística de esta operación no se ha hecho pública.
Todo ello implica una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) con un calendario de actuación que todavía está por determinar. Lo que sí han adelantado desde el partido republicano es que el primer impuesto en lograr el 100% de recaudación será el IRPF y su traspaso definitivo se materializará en dos años. Es decir, la renta del 2025 -que se presenta en junio del 2026- ya se recaudará íntegramente desde Catalunya.
Mientras se avanza en la autonomía fiscal completa, se ha acordado que se apliquen “medidas para corregir el déficit fiscal”, respetando el principio de ordinalidad respecto a los recursos. Así lo ha explicado la portavoz de ERC, Raquel Sans, en una rueda de prensa, donde también ha informado de que la propuesta plantea el desarrollo del consorcio propio para ejecutar y gestionar las inversiones del Estado en Catalunya.
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Si tener la llave de la caja era un requisito ‘sine qua non’, los republicanos se refieren a este punto como tener “la llave de la nación”, en palabras de la portavoz. La segunda carpeta del acuerdo es la creación del departamento de política lingüística, es decir, la Conselleria de Llengua que el partido prometió durante la campaña electoral de las elecciones de mayo. Con este nuevo órgano se pretende elevar la cuestión de la lengua y la cultura catalana al primer plano político. “Que las políticas relativas a las lenguas se sienten en la mesa de los grandes”, ha defendido Sans.
La nueva conselleria velará por proteger estas materias, con el foco puesto en el retroceso del uso social del catalán y su “situación de emergencia”. Lo hará apostando por la vehicularidad en las aulas y manteniendo el impuslo de la lengua en el ámbito audiovisual. Pero desde ERC esperan dar un paso más y sacar adelante iniciativas que aseguren el catalán en espacios donde requiere más atención, como las actividades extraescolares o la sanidad, han señalado.
[–>En el camino para la resolución del conflicto político en Catalunya, la propuesta de ERC y PSC pasa por crear una Convención Nacional que incluya todas las fuerzas parlamentarias, una suerte de mesa de partidos catalanes que defendía ya el PSC, y donde se garantice el compromiso de todas ellas con su reconocimiento para avanzar así en nuevas propuestas. Este cónclave, que estará presidido por Esquerra, sienta sus bases en el entendimiento con la mirada puesta en el referéndum de autodeterminación, aunque no se ha trasladado que este punto aparezca explícitamente en el texto. Sobre ello se ha referido Sans, al asegurar que lo que se busca con esta apuesta es “llegar a un acuerdo que sea refrendado por la ciudadanía”, con lo que esperan que el PSC pueda dar a conocer sus propuestas para avanzar en la resolución del conflicto.
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La cuarta carpeta también estaba sobre la mesa desde el principio de la negociación y es la que se refiere a las políticas sociales. Con el documento todavía por conocerse, Sans ha apuntado que el acuerdo recoge, entro otros, el compromiso con la continuidad de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, la gratuidad de la educación en Infantil 2 (de los niños a partir de dos años) o el Pacto Nacional de Industria. La voluntad de esta continuidad es no malbaratar la obra de Govern del todavía president Pere Aragonès y dar aire a sus políticas.