El pleno sigue si llegar a un acuerdo sobre quién será su presidente o presidenta. Y por eso ha decidido continuar la búsqueda de un acuerdo sobre la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin fijar fecha para su reanudación. Los vocales mantendrán abiertos los canales de comunicación durante las próximas semanas.
De esta forma, el tercer pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir presidente o presidenta ha vuelto a evidenciar que los 20 vocales que lo componen, 10 de sensibilidad progresista y otros 10 conservadores no han encontrado a un candidato o candidata de consenso.
Lamela o Córdoba
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La discusión se ha centrado, según las fuenets consultadas, en la determinación de los progresistas de que el CGPJ debe tener una presidenta, que sería la primera mujer en 44 años. Sin embargo, estos han rechazado la oferta de los conservadores de que se nombre presidenta a sus dos candidatas: la magistradas Carmen Lamela o a Esperanza Córdoba. También han rechazado que el nombramiento de la presidenta se lleve a cabo después de celebrarse una consulta en la carrera judicial.
Unos y otros consideran que los vocales de la sensibilidad contraria han tratado de imponer a un candidato: Pablo Lucas y Pilar Teso. Además, estos últimos no contemplan otra posibilidad que no sea una mujer como presidenta del CGPJ, pues hasta la fecha siempre han sido hombres.
19 de agosto
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Por otra parte, el 19 de agosto se celebrará un nuevo pleno del CGPJ para la adopción de los acuerdos necesarios por razones de urgencia o por tener carácter inaplazable, según explica un portavoz del CGPJ. Los vocales han tomado esta decisión a la vista del informe solicitado el pasado 31 de julio por el pleno al Gabinete Técnico sobre sus posibilidades de actuación hasta la completa integración del Consejo General del Poder Judicial con la elección y toma de posesión de su presidente.
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Así, el informe concluye que “cabe afirmar el carácter justificado” de la adopción por el Pleno, sin haber elegido a su presidente, “por razones de urgencia y con carácter excepcional, de acuerdos respecto de actos reglados como las prórrogas de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios”. No obstante, estos acuerdos deberán adoptados por unanimidad.