Vox ya no camina solo por la ultraderecha. No lo hace en política, donde la irrupción de Alvise Pérez y su Se acabó la fiesta pusieron patas arriba sus previsiones para las elecciones europeas; y tampoco lo hace en los tribunales, donde una miríada de fundaciones ultraconservadoras como Hazte Oír, Manos Limpias, Liberum, Iustitia Europa o Abogados Cristianos buscan estrechar el cerco sobre el Gobierno con investigaciones independientes plasmadas en querellas que han ido dirigidas incluso contra la esposa, el hermano y el propio Pedro Sánchez.
Acuciado, pues, por la necesidad de defender su liderazgo dentro de su espacio político e ideológico, Vox está buscando marcar y acelerar el ritmo de todo lo que sucede dentro de él, y eso está teniendo consecuencias no solo en el endurecimiento de su discurso, sino también en los procesos judiciales abiertos contra sus rivales políticos.
“Vox está sometido a una doble presión, por un lado tiene que seguir compitiendo con el PP y por el otro tiene que tapar la fuga de votos hacia Alvise. Todo eso le está llevando a un estado de aceleramiento provocado por la necesidad de tener el protagonismo mediático y político para intentar condicionar la agenda”, explica el politólogo Eduardo Bayón. “Es lógico, por lo tanto, que busque capitalizar estos procesos judiciales para intentar acosar al Gobierno por todos los flancos posibles”.
Liderar las acusaciones
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Eso, sin embargo, les lleva a tener que competir, igual que ocurre en política, con otros actores dentro de su ecosistema ideológico. En este caso, con organizaciones y fundaciones que, en muchas ocasiones, son quienes ponen las denuncias sobre las que se cimentan los casos que luego capitaliza mediáticamente Vox.
Y esto, que en un primer momento no generó ninguna fricción, ha pasado a ser visto con desconfianza por algunas organizaciones cuando Vox ha decidido subir el ritmo unilateralmente y ha pasado a comunicar como propias acciones llevadas a cabo por las acusaciones populares de forma conjunta.
“Vox está yendo por libre”, explica a este periódico Miguel Bernad, presidente de Manos Limpias. “Utiliza la acusación popular para sacar una rentabilidad política, y eso no es bueno porque se degrada la imagen de lo que hacemos”.
El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno / José Luis Roca
En el caso Begoña Gómez —que es, además, el que más de cerca toca al presidente por tratarse de su mujer—, se han visto ya las primeras consecuencias de pisar ese ‘acelerador’: la visita a La Moncloa del juez Juan Carlos Peinado para interrrogar a Sánchez acompañado, únicamente, de la coordinadora jurídica de Vox, supuso un antes y un después en la unidad entre las acusaciones.
Al magistrado, por su parte, le supuso que le presentaran dos querellas por prevaricación que ponen en riesgo que pueda seguir instruyendo el caso. De hecho, según explican juristas a este periódico, si la denuncia puesta por Pedro Sánchez fuera admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, eso dificultaría a Peinado pedir la imputación del presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo. Si no se admite, pero el magistrado decide imputar al presidente, como ha estudiado “seriamente” pedir Vox en un par de ocasiones, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que él dirige perdería el control del caso.
[–>La prisa, una mala estrategia
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Los ritmos de la política —que busca mensajes inmediatos y definitivos—, rara vez casan con los de una investigación judicial, que necesita tiempo para desarrollarse y no dar pasos en falso que puedan arruinar el proceso. Y, en este caso, no es distinto.
Desde que Vox pareció proponerse abanderar las acusaciones populares que hay personadas en causas como la de Begoña Gómez, la prisa parece haberse instalado detrás de algunas decisiones de todas las partes. Unas “prisas propias de la política”, como las definen fuentes cercanas al caso, que se manifestaron por ejemplo cuando Vox pidió la testifical de Pedro Sánchez sin consensuar antes la estrategia con el resto de acusaciones.
El último ejemplo de esta diferencia de ritmos se ha visto esta semana en el caso que investiga a David, hermano del líder del PSOE, por su puesto en la Diputación de Badajoz: tras pedir Hazte Oír una nueva remesa de testigos para profundizar en la investigación, Vox pidió directamente a la jueza que llamase a declarar cuanto antes al familiar del presidente, según informó ABC.
“Nosotros priorizamos el trabajo jurídico”, recalcaba recientemente Hazte Oír en su cuenta de Twitter. “Por eso vamos paso a paso, todo medido. Como dirían en una famosa serie: ‘mente fría'”.
En cualquier caso, el condicionamiento de los tiempos políticos no es, sin embargo, exclusivo de la acusación, ya que desde la defensa de Begoña Gómez también se ha pedido que la Audiencia Provincial de Madrid no espere al 30 de septiembre, como había anunciado, para decidir si la causa debe archivarse.
Cambios dentro de Vox
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El origen de estas urgencias de Vox estaría, dicen los expertos, en la política, y no solo en lo que sucede fuera de la formación, ya que dentro también se han tomado decisiones trascendentales durante los últimos meses: una, el reemplazo de ciertos cargos dentro del partido que, sin cuestionar el liderazgo de Abascal, sí que han cambiado la tendencia ideológica interna; y dos, la decisión de ruptura de los gobiernos autonómicos con el Partido Popular.
“Necesitaban endurecer sus formas y su discurso para neutralizar el efecto Alvise, y eso no se consigue siendo socio minoritario del PP”, apunta Bayón, que cree que “este cambio” de rumbo “es evidentemente consecuencia del resultado de las elecciones europeas”.
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Si no consigue capitalizar bien este giro de timón, sin embargo, la ruptura de los gobiernos autonómicos puede terminar saliéndole cara a Vox. A la espera del sondeo del CIS de julio, y según una encuesta publicada en La Razón, la mitad de quienes se declaran votantes de la formación de extrema derecha considera que les acabará pasando factura.
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