El presidente de Canarias tenía motivos para el optimismo. Fernando Clavijo insistía la semana pasada en que podía cerrarse un pacto migratorio, por fin, entre los dos grandes partidos para reformar la Ley de Extranjería a pesar de que Gobierno y PP mantenían posiciones muy enconadas. El presidente de las islas consideraba “razonables” las principales exigencias de Alberto Núñez Feijóo -sobre todo la necesidad de que sea el Estado el que ponga recursos e infraestructuras para las comunidades que no pueden hacer frente a la acogida de migrantes-. Y reiteraba que desde el Ejecutivo iba a haber comprensión. Pero este lunes terminó estallando con acusaciones de “dejación de funciones” del Gobierno central y advirtiendo que emprendería acciones legales contra el “abandono”.
También el PP se alineó con la queja de Clavijo (gobiernan en coalición) y fue a finales de la semana pasada cuando en Génova empezaron a ver una rendija, una posibilidad para un acuerdo, después de que Pedro Sánchez hablara de deportaciones y de actuar en los países de origen para cortar los flujos de inmigración ilegal en su gira por África. A pesar del cruce de reproches constantes había una sensación de posible acercamiento estos días. Y todo parte de una reunión que mantuvieron el 12 de agosto Clavijo, el ministro Ángel Víctor Torres (expresidente de Canarias) y el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.
En ese encuentro a tres bandas, según explicó el propio Tellado en una rueda de prensa este martes, “surgió” una propuesta desde el presidente de Canarias que contó “con el visto bueno del PP” y aparentemente también con el del ministro Torres. En linea general, tal y como explicó el diputado gallego, lo que establecía la propuesta era la implicación de todas las administraciones, correspondiendo a las autonomías la atención en los centros de menores.
Cuando éstos superaran el cien por cien de su capacidad y hasta llegar al 150% de las plazas, las comunidades atenderían a esos menores no acompañados -con recursos de la Administración General del Estado-. Y una vez que los centros sobrepasaran el 150% de la capacidad, sería el Estado el que “de forma directa y con instalaciones propias directas, atendiesen a los menores”.
Según Tellado, la propuesta quedó encima de la mesa hasta que el Gobierno moviera ficha con el compromiso de que el Gobierno hiciera una simulación de datos que Canarias y el PP siguen esperando. “No han movido ficha desde el 12 de agosto”, remató Tellado, en clara sintonía con el presidente canario, al que parece habérsele agotado la paciencia.
“Solo hemos tenido un cruce de llamadas con Clavijo. Del Gobierno no sabemos nada y seguimos esperando esa simulación de datos por parte del ministro Torres”, explicó Tellado, que aseguró revelar el contenido de la reunión porque ayer lo hizo el PSOE canario después de que a él le hubieran pedido “confidencialidad”. El portavoz popular mostró comprensión con la documentación que el Gobierno debe preparar, “entendemos que hay letra pequeña” sostuvo, pero reprochó que sigan sin tener cifras encima de la mesa.
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La ministra del Gobierno, Pilar Alegría, también reconoció “conversaciones con el PP y con el presidente Clavijo” en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordando también la que mantuvo el propio Sánchez con el presidente de las islas. Sí recalcó que “algunas conversaciones quedan en el ámbito privado”, pero defendió que desde el Gobierno “se ha intentado actuar siempre buscando soluciones” y que hace falta “menos demagogia, menos confrontación, menos insultos y menos frases hiperbólicas” y “más responsabilidad y solidaridad por parte del PP”.
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