En la reunión del Govern en Poblet de finales de agosto, un primer encuentro para compactar al ejecutivo tras la toma de posesión, el president Salvador Illa entregó una ‘mission letter’ a cada uno de los consellers. Una carta en la que dejaba por escrito lo que esperaba de cada uno de ellos. El primer encargo a la titular de Economia, Alícia Romero, era claro y meridiano: lograr el acuerdo para aprobar unos nuevos presupuestos para 2025 y liderar personalmente esa negociación. Y así ha sido. Las citas mantenidas hasta ahora con ERC y con los Comuns las ha encabezado, por parte del Govern, la propia consellera con su secretario general, Juli Fernández, un patrón que se mantendrá hasta el desenlace de las cuentas.
Que sea Romero quien lleve las riendas marca un cambio de tendencia respecto a la anterior legislatura con ERC en la Generalitat, cuando la discusión de los números con el PSC y los Comuns se dejó, en buena parte de las reuniones, en manos del ‘sottogoverno’. Fueron los secretarios generales de Presidència y Economia -Núria Cuenca y Josep Maria Vilarrubia- y el director general de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol, quienes lidiaron con ambos partidos para tratar de cuadrar las cuentas, mientras que la exconsellera Natàlia Mas y la exvicepresidenta Laura Vilagrà se reservaban para los momentos más importantes de la negociación.
Cambio de tendencia
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“Eso era lo atípico”, aseguran fuentes gubernamentales, que subrayan la vocación de recuperar peso político en la conselleria de Economia. La propia Romero cuando estaba en la oposición había lamentado no negociar más directamente con la responsable del departamento. Así que ahora está dispuesta a ejercer el papel que entonces reclamó al anterior Govern para intentar salir victoriosa de la primera gran prueba del algodón de la mayoría de la investidura.
Tras haber ejercido de mano derecha de Illa en el Parlament desde la oposición, ahora que se han girado las tornas la consellera conoce bien a sus interlocutores. Tiene una relación fluida a izquierda y a derecha, unos vínculos con todos los grupos de los que presumen en Economia y que se hicieron evidentes en su primera comparecencia en el Parlament para explicar las líneas maestras de su mandato. Claro está que, conforme avance el curso político, las buenas relaciones no bastarán.
La consellera de Economía, Alícia Romero, con su antecesora, Natàlia Mas / ZOWY VOETEN
Romero no se sentará solo con quienes considera los socios prioritarios, ERC y Comuns, sino que, una vez superado el debate de política general, ella misma se citará también con Junts, PP y CUP. Pero difícil se avista que el Govern pueda cumplir con su propósito de tener nuevos presupuestos vigentes el 1 de enero de 2025. Sin ir más lejos, los republicanos ya han dado dos toques de atención que zarandean esas expectativas, principalmente por el congreso que tienen pendiente.
Por un lado, la dirección de Marta Rovira, que está de salida, ya ha advertido de que su ‘sí’ está supeditado a que se puedan exhibir avances “rotundos” en el modelo de financiación singular. Por el otro, las dos principales candidaturas que pugnan por el poder dentro de ERC dan por hecho que no se podrá definir el posicionamiento sobre las cuentas hasta que el 30 de noviembre se dirima quién preside el partido, por lo que ven inviable que se cumpla el calendario que querría Illa. No obstante, en Economia mantienen el ritmo esbozado, aunque admiten que son conscientes de que, siendo este un Govern en minoría, factores exógenos pueden alterar sus planes.
A la espera de Madrid
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El Executiu está también a la espera de “qué Junts” saldrá del congreso que celebrarán el 27 de octubre después de que Carles Puigdemont haya optado por dejar vacante el cargo de jefe de la oposición. En las filas socialistas, que no dudan de que los posconvergentes arrancan la legislatura con vocación de no hacer concesiones, alojan la duda de si a medio plazo esa renuncia puede abrir paso a acuerdos con Junts.
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Y más allá del juego de alianzas en el Parlament Romero está también a la espera de si la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez se compacta o no en el Congreso para aprobar el techo de gasto y los presupuestos estatales, con un impacto directo en los de la Generalitat. Así que, pese a poner la directa y cargarse sobre sus espaldas la negociación, a la consellera y al president Illa les puede tocar esperar.
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