El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está siendo investigado por el Tribunal Supremo por la presunta revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mantiende su decisión de no dimitir pese a que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del magistrado, Ángel Hurtado, han registrado su despacho oficial durante más de diez horas, informa Europa Press.
Esta diligencia judicial, sin precedentes en la historia de nuestra democracia, se ha ordenado en coincidencia con la apertura formal de la investigación y sin dar antes oportunidad al fiscal general de ser escuchado por el instructor de la causa.
En el auto de entrada y registro, el instructor comunica que se aprehenderá “el teléfono o teléfonos móviles” de García Ortiz, “a presencia del Letrado de la Administración de Justicia, así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar (tablet, ordenador portátil u otros)”.
Copia protegida
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Teniendo presente que el volcado de los dispositivos podría extenderse durante horas, Hurtado ya señaló en su auto que el registro se extendería “durante las horas que resultaren precisas para la finalización de esta diligencia, habilitando expresamente las horas nocturnas atendiendo a la exigencia de asegurar la efectividad de la diligencia acordada”. Esto es porque el magistrado del Tribunal Supremo ha ordenado expresamente a los agentes “una copia, protegida por huella digital u otro procedimiento que impida la ulterior modificación del contenido”, con el objetivo de salvaguardar las posibles pruebas.
Hurtado no deja puntada sin hilo y se refirió expresamente a la posibilidad, más que plausible, de que el equipo informático de García Ortiz se encontrara encendido a la hora de llegar los agentes. En este caso, y para “preservar la información volátil que almacena y que puede ser crucial para la posterior elaboración de informes técnico-policiales”, autorizó la realización de un “análisis técnico policial del sistema informático localizado durante el registro”, pese a reconocer que este tipo de análisis “supone una injerencia en el sistema” utilizado por el fiscal general del Estado. Agregó que autorizaba asimismo la realización de un rooteo, dirigido a extraer los documentos para realizar una “imagen forense” del contenido de todos los dispositivos del fiscal general.
Además de todos los correos que éste enviara o recibiera desde el pasado 8 de marzo –jornadas previas a la primera noticia sobre el caso de delito fiscal de la pareja de Díaz Ayuso– se está procediendo por orden de juez Hurtado al volcado de los perfiles de García Ortiz en redes sociales y al cambio de contraseñas para acceder a los mismos. También al volcado de todas sus conversaciones vía WhatsApp.
Peticiones de dimisión
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Aunque ya lo hicieron con ocasión de la apertura de la investigación contra el fiscal general, tanto la mayoritaria Asociación de Fiscales como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada además como acusación en la causa abierta en el Tribunal Supremo, han vuelto a pedir hoy a Álvaro García Ortiz que de un paso al lado y dimita de su cargo.
En fuentes de la asociación personada han señalado a este diario, tras conocerse la diligencia ordenada este miércoles por el magistrado Ángel Hurtado, que el cese de García Ortiz hubiera ahorrado una situación como la que ahora se produce, con un fiscal general cuyo despacho es ocupado por las fuerzas de seguridad del Estado en busca de pruebas incriminatorias de un delito. El presidente de la asociación, Miguel Pallarés, ha lamentado en declaraciones Europa Press ha lamentado que con la operación policial “se convierte en normal lo que no lo es“, al mismo tiempo que ha resaltado que hasta ahora “nadie podía pensar que la sede de la Fiscalía General, que el despacho del máximo jefe de los fiscales, fuera registrado por la Guardia Civil”.
Sin investigación interna
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Por parte de la asociación mayoritaria, su portavoz, Cristina Dexeus, apunta que además “es incomprensible que no se haya investigado inmediatamente por la inspección fiscal para determinar si la filtración de correos tuvo su origen en la Fiscalía y determinar los posibles autores”.
Desde la asociación mayoritaria consideran la noticia del registro de “demoledora” porque “destroza a la institución”, e insisten en que la actuación del fiscal general “denigra la imagen de la institución” y pone en tela de juicio la profesionalidad de toda la carrera. “Su permanencia en el cargo resulta inadmisible en democracia -agrega Dexeus- Un Fiscal General del Estado imputado jamás debería permanecer en el cargo”.
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Por parte de la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció García Ortiz y actuó incluso como su portavoz, llaman a la prudencia y recuerdan el principio de presunción de inocencia.