La tragedia de la DANA, cuyo balance final de víctimas mortales y desaparecidos aún debe confirmarse, abrirá debates profundos en la política española. Lo inmediato sigue siendo el trabajo sobre el terreno, la recuperación de los municipios y las ayudas para todos los afectados -el Consejo de Ministros aprobará este lunes un segundo paquete-. Pero en el PP apuntan también a una revisión de la legislación y los protocolos vigentes ante emergencias de este tipo y anticipan que abrirán el debate al Congreso más adelante.
Tanto en Génova como en el grupo parlamentario llevan días trabajando en la comparativa de leyes y antecedentes en este tipo de desastres -DANAS anteriores o los terremotos más recientes-, el análisis de los protocolos y la actuación que han desempeñado los gobiernos autonómicos -con independencia del color- y el Gobierno central en cada uno de ellos. Bajo la lupa está el despliegue de la UME, de efectivos del Ejército y la coordinación entre administraciones que en esta ocasión no se ha producido, sobre todo cuando ya se desencadenó el desastre. Según explican en el partido, «lo que no puede estar en el aire» es la declaración del nivel 3 en una emergencia «con casos tan claros» como el ocurrido en la Comunidad Valenciana, y que también afectó a Castilla-La Mancha, Andalucía, y después Cataluña.
En el PP insisten en defender que se debió declarar la emergencia nacional ante la destructiva gota fría de hace una semana y media por haber afectado a distintas comunidades -algo que está previsto en la ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 en su artículo 28- y porque, según repiten todos los dirigentes nacionales, incluido Alberto Núñez Feijóo, ninguna comunidad autónoma está capacitada para abarcar una catástrofe de estas dimensiones. De hecho, en ese mismo artículo también se recoge la declaración de la emergencia cuando se «exija una aportación de recursos a nivel supraautonómico» y cuando «las dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional». Dos aspectos que en el núcleo duro de Feijóo ven justificados y evidenciados en esta catástrofe.
Aunque en Génova insisten en que la declaración de la emergencia nacional -que siguieron pidiendo casi una semana después de la tragedia- lo que permite es la dotación de recursos inmediatos sin tener que depender de que una administración autonómica haga peticiones, lo que traslució tras esa petición es que Carlos Mazón debía perder el mando. La Generalitat está muy cuestionada por la desastrosa gestión de la crisis, aunque el foco está puesto -sobre todo- en las horas previas a que se desatara el desastre. Las contradicciones y la falta de transparencia por parte del ‘president’, que hasta hace solo unos días se negó a explicar con quién había comido aquel martes 29 de octubre, han terminado provocando una multitudinaria manifestación en Valencia pidiendo su dimisión.
Los equipos técnicos del PP llevan días recabando información porque la formación es partidaria de que se acometa una profunda revisión de las leyes para que, en caso de que tenga lugar una catástrofe natural similar, no haya duda de cómo se debe actuar. “Sí esto no es una emergencia nacional que nos digan qué lo es”. La frase forma parte de todos los diálogos con miembros de la cúpula nacional.
Y la conclusión, a la espera de cómo se transforma en una reforma legislativa, sigue siendo que las competencias estatales deben prevalecer sobre las autonómicas en un episodio como el que ha devastado la provincia de Valencia y el municipio de Letur en Albacete.
El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, reconoció la semana pasada que trabajan “en iniciativas de propuesta para buscar y aportar soluciones” más allá de las iniciativas propias del control al Gobierno con las que “aportar respuestas”. En el foco del PP están, sobre todo, las políticas hídricas del Ejecutivo, al que acusan de haberse ocupado del cambio climático con “dogmatismo” en vez de acometer las inversiones necesarias para afrontar las consecuencias que pueden dejar estos desastres naturales.
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Los populares desplegarán así un paquete legislativo propio para, al menos, abrir el debate de fondo. Además, el grupo de Feijóo ya ha garantizado los votos de su formación para convalidar los reales decretos leyes que el Gobierno lleve a la Cámara con ayudas económicas para todos los afectados. Vox, sin embargo, además de negar su apoyo, pone en clara discusión la eficencia del Estado autonómico tras lo ocurrido, anticipando una nueva guerra política que también se dirige al PP.