La decisión de juez de Peinado que investiga a Begoña Gómez de indagar en sus movimientos bancarios y reclamar su “certificado literal de matrimonio, con sus anotaciones marginales”, ha cogido a la mujer del presidente del Gobierno de viaje en Río de Janeiro (Brasil), invitada como consorte para participar en la cumbre G20. Como ya ocurrió cuando la imputó por dos nuevos delitos en la causa que tiene abierta, al coincidir con otro viaje a India, Sánchez ha sido preguntado por estas novedades durante su rueda de prensa de balance, opacando en parte el foco sobre el encuentro internacional de los principales líderes mundiales. Una vez más, ha defendido a su esposa y hasta a animado a Peinado a investigar porque “lo que se verá es que es una mujer pulcra y honesta”.
“Si quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto”, ha asegurado tras mostrar “tranquilidad absoluta” y abogar por “absoluta transparencia”. Sin mencionar el clásico respeto a las actuaciones judiciales, el jefe del Ejecutivo ha explicado que el estado de las cuentas de su esposa reflejarán que son como “las de cualquier profesional trabajadora o trabajador como millones de españoles y españolas en nuestro país”.
Finalmente, en tono entre retador e irónico, ha manifestado igualmente que el juez tambíén quiere “comprobar por escrito que Begoña y yo estamos casado, pues tampoco hay problema”. Desde el Gobierno habían evitado hacer valoraciones sobre este asunto, al que siempre responden defendiendo que “no hay nada” detrás de estas investigaciones y deslizando, en línea con la defensa de Gómez, que el juez estaría incurriendo en una investigación prospectiva prohíbida por el ordenamiento jurídico español.
Como ha explicado este diario, laa petición realizada al Registro Civil Único de Madrid por el juez Juan Carlos Peinado para obtener el “certificado literal de matrimonio con sus anotaciones marginales” de la esposa del presidente del Gobierno parece apuntar, según expertos juristas consultados por este diario, a un interés del instructor por analizar el patrimonio de la pareja integrada por Pedro Sánchez y Begoña Gómez en aras a fundamentar la causa en la que se investigan, entre otros, presuntos delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida.
La indagación sobre las cuentas ya fue solicitada hace meses por una de las acusaciones populares, la ejercida por Hazte Oír, que instó al juez a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizara los movimientos bancarios a nombre de la esposa del presidente del Gobierno, al entender que podrían aclarar si ésta pudo obtener beneficio económico de sus gestiones con las empresas recomendadas desde la cátedra que dirige en la Universidad Complutense de Madrid y que resultaron favorecidas en concursos públicos. También pidieron comprobar si Gómez dispone de depósitos bancarios fuera de España.
Desde el inicio de las investigaciones a Begoña Gómez, en Moncloa se han plegado a la tesis de la “investigación prospectiva” para enmarcarla como una “causa política” para perjudicar el jefe del Ejecutivo. Unos argumentos que chocan con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de archivar la causa como solicitó su defensa en un recurso. El hecho de que tras la denuncia que dió pie a la investigación estén organizaciones ultraderechistas es para el Gobierno una muestra de que se trata de una campaña política de “acoso y derribo” dirigida al presidente del Gobierno.
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Al igual que los abogados de la defensa, y a pesar de los diversos reveses juciales, desde el Ejecutivo ponen el foco en que la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa y los informes de la Guardia Civil. Esto es, que “no hay caso”, como repiten en el Gobierno.