La convicción con la que PSOE y Sumar defendía que la iniciativa anunciada por Carles Puigdemont para reclamar a Pedro Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza no se podía debatir se ha chocado contra el informe de los letrados del Congreso. El equipo jurídico de la Cámara Baja considera que la proposición no de ley de Junts se podría llevar a pleno, ya que “carecerá de impacto jurídico alguno”, pero admiten que al no haber precedentes sobre esta cuestión “corresponde a la Mesa fijar criterio”. Así, PSOE y Sumar, con mayoría en este órgano, tendrán en su mano la posibilidad de vetar la propuesta en la reunión de este martes, lo que evitaría que Sánchez tenga que enfrentarse a una votación que, de facto, se entendería como una cuestión de confianza.
En su balance del primer año de legislatura, Puigdemont exigió a Sánchez que consulte al Congreso si sigue contando con el apoyo de la mayoría. Además, para forzar esta votación, Junts registró una iniciativa en el Congreso para instar a Sánchez a dar este paso. Sin embargo, diversas fuentes parlamentarias aseguraron que existían dudas sobre su admisión a trámite, ya que plantear una cuestión de confianza es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno. En este sentido, fuentes del PSOE avisaron la pasada semana que vetarían la iniciativa.
No obstante, el informe de los letrados, adelantado por El País y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, apunta que la proposición no de ley de Junts “no estaría pretendiendo sustituir la facultad presidencial de plantear la cuestión de confianza, sino que simplemente estaría forzando el debate político y provocando un pronunciamiento de la Cámara que no sería vinculante para el presidente del Gobierno, ni en un sentido ni en otro”.
Pese a abrir la puerta al debate, se añade que la Mesa del Congreso, con esa mayoría de PSOE y Sumar, puede ejercer su función de calificación y que “a la vista de los precedentes existentes, no cabe extraer una línea de actuación unívoca por parte de la Mesa“. Lo que permitirá a los partidos del Gobierno tomar la decisión que deseen sin contradecir a los letrados. Eso sí, avisan de que “servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro”.
Los argumentos de fondo
Entrando más en la conveniencia de sí admitirla a trámite o no, los letrados añaden que el actual caso “presenta un matiz significativo“, dado que “Una cosa es pretender que la Cámara ejerza una competencia propia por un cauce distinto al previsto -la moción de censura-, y otra es instar al presidente del Gobierno a que ejercerá una competencia que es suya -plantear una cuestión de confianza-, lo que no deja de ser la esencia misma de una proposición no de ley”. A este respecto, señalan que la iniciativa de Junts “puede ser enfocada desde dos puntos de vista” muy diferentes que, en definitiva, marcarán la decisión de la Mesa.
[–>
Por un lado, concretan que si se entiende que la proposición no de ley “pretende instar al Ejecutivo a adoptar una cierta actuación que entra dentro de su responsabilidad exclusiva, esta debería ser admitida a trámite. Si, por el contrario, se entiende que la iniciativa pone “en cuestión la relación de confianza existente entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno” la Mesa podría inadmitirla a trámite dado que se estaría impactando en esa confianza “por una vía que no es la prevista para tal fin”.