La carretera de Villamartín, conexión vital entre la urbanización Villamartín y la carretera N-332 cerca del centro comercial Zenia Boulevard, es de uso público desde hace más de 40 años a pesar de estar en terreno privado. La vía, de 11.832 metros cuadrados, sirvió para la comercialización de las viviendas construidas por Urbanizador Villamartín SA, constructora propietaria del terreno.
Controversia Legal y Expropiación
Urbanizador Villamartín SA ha reclamado al Ayuntamiento de Orihuela cerca de 3 millones de euros por los intereses devengados por la ocupación del suelo. Tras prolongadas batallas legales, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictaminó en julio de 2021 que el terreno debe ser expropiado, con una indemnización determinada por un Jurado de Expropiación.
El jurado valoró inicialmente el terreno en 1,2 millones de euros, que el Ayuntamiento de Orihuela asignó en septiembre de 2022. Sin embargo, sentencias judiciales posteriores consideraron que debían aplicarse criterios de valoración diferentes, elevando el coste de la expropiación hasta casi 1,9 millones de euros.
Apelaciones y Pagos Adicionales
La empresa constructora ha recurrido las decisiones ante el Tribunal Superior, mientras que el equipo jurídico del Consejo sostiene que la valoración revisada sigue siendo inferior a la valoración original de 2,2 millones de euros de la empresa. La disputa también ha provocado críticas políticas, y figuras de la oposición destacaron los 700.000 euros adicionales pagados bajo la administración actual.
Implicaciones más amplias
El caso subraya cuestiones más amplias relacionadas con el desarrollo urbano y las disputas territoriales en Orihuela. La sociedad vinculada a la carretera de Villamartín también tiene participaciones en otros bienes municipales, incluido el Palacio Sorzano de Tejada, sede del Museo Fundación Pedrera Martínez en el centro de Orihuela, que ha sido objeto de distintas gestiones legales y de negociación.
Resumen
El conflicto de décadas por la carretera de Villamartín ejemplifica las complejidades de la planificación urbana y la expropiación, que implica importantes demandas financieras, fallos legales y escrutinio político. La resolución de esta disputa afectará las finanzas públicas de Orihuela y su enfoque en la gestión de terrenos privados utilizados para fines públicos en el futuro.