El año judicial 2024 ha sido especialmente intenso debido a la apertura de varias causas por corrupción que afectan al Gobierno. En febrero estalló el caso Koldo con la detención del asesor ministerial del que fuera responsable de la cartera de Transportes y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, y dos meses después se inició una causa contra la esposa de Pedro Sánchez, a lo que siguió la apertura de otros dos procedimientos judiciales que han supuesto la imputación del hermano del presidente del Gobierno y algo tan inédito en democracia como una investigación al fiscal general del Estado.
El arranque de 2025 no dará tregua a esta situación, que ha contribuido a polarizar el debate público en los últimos meses, ya que el calendario judicial de las primeras semanas del año contiene citas clave para el avance de todos estos asuntos.
Por lo que respecta al caso Koldo –que ya se ha convertido en el caso Ábalos tras la apertura de un procedimiento contra el hoy diputado del grupo mixto en el Tribunal Supremo– las actuaciones han dado un giro desde que el considerado por los investigadores nexo corruptor de la trama, el comisionista Víctor de Aldama, rompiera su silencio para apuntar directamente al exministro por el cobro de comisiones en metálico y otros beneficios –como el pago de alquileres de un chalet para su familia y un piso para una mujer con la que mantenía una relación sentimental–.
El aforamiento de Ábalos ha obligado al instructor de la causa, Leopoldo Puente, a dejar en suspenso sus pesquisas hasta que obtenga la autorización (suplicatorio) del Congreso, que no se prevé votar antes del próximo de febrero debido a la paralización de la actividad parlamentaria por el paréntesis navideño. El PSOE ya ha anunciado que lo apoyará, por lo que no parece haber dudas de que la investigación podrá reanudarse desde ese momento.
[–>Por otro lado, continúa la instrucción contra la trama en el juzgado de Ismael Moreno en la Audiencia Nacional contra casi una decena de personas, incluidas Aldama y el exasesor que da nombre al caso, Koldo García, por los contratos de las mascarillas que dieron inicio al procedimiento, centrada en supuestos delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública. A ello se suma una causa más contra el contratista, por un fraude de hidrocarburos, en la que fueron incautados unos teléfonos cuyo análisis pueden sumar más indicios contra cargos del Gobierno que se relacionaron con el contratista, según ha adelantado el propio Aldama.
Pero ya en los primeros días de enero se esperan varios hitos en estas causas clave. El próximo día 8 se reanudarán las testificales en el Tribunal Supremo con respecto a la causa contra Álvaro García Ortiz que ya salpica a cargos de Moncloa –como son los dos últimos secretarios de Estado de Comunicación-, con la declaración del jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, y varios periodistas por la supuesta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El 16 de enero será el turno de otros dos testigos: los fiscales Julián Salto Torres y Almudena Lastra de Inés. El 21 de enero está citado, también como testigo, un empleado del gabinete de comunicación de la Fiscalía. En otro orden jurisdiccional, el Contencioso-Administrativo, se ha fijado el 28 de enero para la deliberación sobre el propio nombramiento de García Ortiz como fiscal general, que ha impugnado una asociación de fiscales.
También en las primeras semanas del año, concretamente el 9 de enero, la jueza de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, interrogará en calidad de investigado a David Sánchez, hermano del presidente del Ejecutivo, y también al presidente de la Diputación y secretario de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. En este procedimiento se investigan presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con la responsabilidad del músico en el programa Ópera Joven y por su designación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.
Unos días después, el 22 de enero, el instructor de la causa contra Begoña Gómez tomará declaración a dos cargos universitarios y a los representantes legales de varias empresas, entre las que se encuentran Google, Indra o Telefónica, en relación con el software empleado en la cátedra universitaria de Transformación Social Competitiva que la esposa de Sánchez impartía en la Universidad Complutense de Madrid, en relación con posibles delitos de apropiación indebida e intrusismo que las acusaciones le atribuyen.
Deberes en el CGPJ y el Tribunal Constitucional
Pero además de estos asuntos novedosos de 2024, la justicia española tiene pendiente solventar otros temas que viene arrastrando de tiempo atrás, como es la resolución por parte del Tribunal Constitucional de una veintena de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por Vox, el PP y las comunidades autónomas bajo la órbita de los populares contra la ley de Amnistía, a lo que se suman varios recursos de amparo sobre este mismo asunto. El tribunal de garantías hoy presidido por Cándido Conde-Pumpido no espera resolver hasta poco antes del verano, puesto que hasta este momento ha estado dedicado a resolver los incidentes de recusación presentados contra varios de los magistrados.
Por lo que respecta al Consejo General del Poder Judicial ya por fin renovado, empieza el año con importantes deberes sobre la mesa. Por un lado, un grupo de cuatro vocales trabaja para la elaboración de la encomienda que se hizo a este órgano para la presentación de una propuesta de nueva ley que reforme el actual sistema para nombrar a sus miembros que evite bloqueos como el que mantuvo a sus predecesores en el cargo el doble de años de los que les correspondía. Los trabajos van avanzados, según señalan a este periódico fuentes del órgano, y se debería poder presentar esta propuesta en febrero, aunque las posturas de los diferentes bloques no están aún nada claras.
Por otro lado, el órgano de Gobierno de los jueces enfrenta aún la tarea de designar a los más de cien cargos pendientes en órganos como son el Tribunal Supremo, los tribunales superiores, la Audiencia Nacional o las Audiencias provinciales, además de cubrir las presidencias de Sala en el Tribunal Supremo. La actual composición del órgano, de mayoría progresista, pero que obliga al consenso para poder alcanzar los 13 votos necesarios para un nombramiento, anuncia nuevos bloqueos por falta de acuerdo entre las partes, y el foco se sitúa en el interés del sector progresista en colocar en las Salas clave a las magistradas Pilar Teso (sala de lo Contencioso) y Ana Ferrer (de lo Penal) basándose en criterios de paridad que son desdeñados desde el sector conservador.
Nacho Cano y Errejón
También están pendientes a principio de año otras diligencias en causas de gran impacto mediático, como es la abierta al productor musical Nacho Cano por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores por la supuesta contratación ilegal de migrantes en situación irregular para su musical ‘Malinche’ en Madrid. Está citado el próximo 13 de enero. Una de estas becarias está siendo investigada a su vez por otro juzgado por un presunto chantaje al músico en relación con estos hechos.
Unos días después, el 16 de enero, está señalada la declaración en el Juzgado de Instrucción número 47 del que fuera portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón por presunta agresión sexual cometida contra la actriz Elisa Mouliaá, que ese mismo día deberá acudir a ratificar su denuncia.
Baltar, Rubiales y los Pujol, a juicio
Por otro lado, están los juicios ya señalados. El día 13 de enero el Tribunal Supremo juzgará al senador del PP José Manuel Baltar por un presunto delito contra la seguridad vial, por conducir supuestamente a una velocidad superior a la legalmente permitida en un tramo de la autovía A-52 en sentido Benavente.
Nada empezar febrero, el día 3 de ese mes comenzará en la Audiencia Nacional el juicio contra Luis Rubiales y otros exresponsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por delitos de agresión sexual y coacciones por el beso en la boca no consentido a la jugadora Jenni Hermoso. Mientras tanto, un juzgado de Majadahonda (Madrid) sigue instruyendo la causa abierta contra él y el exjugador Gerard Piqué por posibles irregularidades en el contrato de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con Arabia Saudí para la celebración de la Supercopa de España.
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Saliendo de los primeros meses del año, otra fecha ya señalada para el calendario judicial de 2025 es la del 6 de septiembre, cuando el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid comenzará la vista por las amenazas y coacciones que denunció la doctora Elisa Pinto contra el empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado José Luis Villarejo. Este asunto sufrió un retraso de un año tras su suspensión el pasado el 30 de septiembre. Y el 10 de noviembre, el comienzo del juicio al ex president de la Generalitat Jordi Pujol a sus siete hijos y a otras 16 personas por delitos que el juez instructor calificó como organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental, doce años después de que se iniciara la investigación en la Audiencia Nacional.