Agentes de la Policía Nacional se han personado en los estudios de RTVE en Prado del Rey para intervenir material informático en el marco de la investigación abierta en el juzgado nº 48 de Madrid por la filtración del examen de oposición a periodistas en la corporación pública. Una filtración que obligó a suspender ‘in extremis’ el examen el pasado 29 de septiembre al que se presentaron más de 5.000 aspirantes.
Los hechos tuvieron lugar la semana pasada, cuando miembros de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) acudieron a las dependencias de la corporación por orden judicial y se incautaron del material que hasta ahora permanecía inmovilizado en RTVE, en el marco de las diligencias que siguen en marcha, según confirman fuentes conocedoras de las actuaciones. Una parte de esas diligencias se mantienen bajo secreto de sumario, con el fin de no entorpecer la investigación y no comprometer al primer eslabón de la cadena que dio la voz de alarma sobre la existencia de filtraciones.
En la causa dirigida por el juez Juan Ramón Reig Puron ya hay dos trabajadores de RTVE imputados, ambos vinculados al sindicato mayoritario, UGT, tal como publicó en exclusiva El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. El primero de ellos es César Moreno, secretario de Organización de UGT-RTVE en Madrid, y sería el responsable de haber difundido a algunos opositores el documento filtrado con las preguntas del examen. El segundo investigado es Julián Pérez Olmos, quien fue miembro del tribunal designado por UGT, que estuvo en el punto de mira desde el primer momento y que resultó ser el autor de ese documento filtrado que después se difundió.
Material clave
Una vez que se investigan estos dos eslabones de la cadena, el material informático incautado puede resultar clave para determinar la trazabilidad de ese documento a través de las distintas comunicaciones y para esclarecer la posible implicación de otros trabajadores y miembros del sindicato que pudieran haber accedido al contenido de la filtración y participado en la cadena de difusión del examen para favorecer a determinados aspirantes. Desde el primer momento, a nivel interno UGT fue señalada por distintos sectores que le acusaban de tejer una “red clientelar”, ganando apoyos de trabajadores temporales en las elecciones sindicales a cambio supuestamente de ayudarles en la obtención de una plaza pública.
Desde que se interpuso la primera denuncia ante la Policía Nacional, la dirección de RTVE ha atendido varios requerimientos judiciales. Entre ellos estaría la inmovilización de determinado material informático que podría ser relevante en la causa, aunque esta parte de las diligencias se encuentran bajo secreto. Cabe destacar que en los días posteriores a la denuncia, varios miembros destacados del sindicato UGT cambiaron de dispositivos informáticos y de cuentas de correo electrónico, pudiendo haber sido bloqueadas a petición judicial para preservar la información que pudiera contener.
La semana pasada, el presidente de RTVE, José Pablo López decidió dar impulso a la causa y la corporación pública anunció su personación a través de los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado. Hasta ahora estaban personados en la causa la periodista que interpuso la denuncia inicial, la miembro del tribunal Cristina Ónega, y el sindicato CCOO, que se personó después con una denuncia donde apuntaba a la implicación del área de Recursos Humanos. La semana pasada, RTVE también destituyó al director de este departamento, Jorge de San José, y a la directora corporativa de la que dependía, Marta Torralbo.
En la causa también está la acusación pública por parte del Ministerio Fiscal, que el pasado octubre pidió la imputación de Pérez Olmos tras conocerse que había elaborado el documento que contenía las preguntas del examen. La actuación de la fiscalía en esta causa será clave en el devenir de la causa judicial y podría hacer avanzar o ralentizar la investigación con la petición de ampliación (o no) de actuaciones judiciales.
A nivel interno, RTVE ha abierto otro expediente al segundo de los trabajadores implicados, pero estos procedimientos se encuentran paralizados a la espera de que se resuelva la causa judicial, ante la imposibilidad de aplicar medidas sancionadoras contra ellos, como la suspensión de empleo y sueldo, hasta que se determinen sus responsabilidades, apuntan desde la corporación pública.