Con la magnitud de la crisis que el PP de la Comunidad Valenciana atraviesa a cuenta de la gestión política de la dana del pasado octubre, la situación en el Ayuntamiento de Valencia podría parecer anecdótica. Sin embargo, la marcha de dos concejales de Vox -que no dejan el acta y pasarán a un nuevo grupo de no adscritos- tambalean también la mayoría de la alcaldía que encabeza María José Catalá. El PP insiste en que se trata de un asunto interno del partido de Santiago Abascal, que debe solucionar y ofrecer garantías de que los dos críticos seguirán respaldando al gobierno municipal.
Pero la realidad es que Vox no tiene el control de la situación. El partido insiste públicamente en que ambos deberían dejar el acta porque los votos pertenecen a la opción política ultra y no a nombres propios concretos. La dirección nacional niega las presiones denunciadas por Cecilia Herrero -la concejal que ha abandonado las filas ultra pocos días después de que Juan Manuel Badenas, su pareja sentimental, al que el partido suspendió de militancia temporalmente mientras investiga posibles irregularidades en un contrato que habría adjudicado- mientras recalca los compromisos adquiridos cuando fueron en la lista de Vox para forzar su marcha completa.
Catalá, por su parte, asegura haber hablado con los dos concejales personalmente y confía en que seguirán dando su apoyo para que la izquierda no llegue al consistorio. Pero la realidad es que cada votación depende ahora de ambos y deberá producirse una negociación paralela en todo momento. Ya ha ocurrido una situación similar en otros lugares de España donde Vox ha enfrentado crisis internas. Baleares es uno de los ejemplos más claros.
En Génova aseguran que la gestión de la crisis corresponde a Vox y que en el caso del PP es la alcaldesa la que está al frente y puntualmente va informando a la dirección nacional. Pero evitan entrar al fondo del asunto, reconociendo, eso sí, la “inestabilidad extra de otros partidos” que podría acabar repercutiendo en las siglas populares en su peor momento en la Comunidad Valenciana desde hace años.
Hay dirigentes del PP que sí muestran preocupación por la sensación de dificultad permanente en esa autonomía, que en términos electorales es crucial para los conservadores. “Esto es lo que nos faltaba”, dicen fuentes nacionales, sin esconder el malestar.
Aunque la gravedad no tiene nada que ver con la situación que atraviesa la Generalitat, sí hay una cierta sensación de que no tendrán tregua en ningún frente. Y hay dirigentes de la cúpula que ven con preocupación los daños que pueda causarle a la alcaldesa, que para algunos de la planta noble de Génova es el recambio del futuro del partido en la Comunitat. Ya se encendieron las alarmas hace días por el temor de una posible guerra interna.
En todo caso, la crisis también llega en un momento de tensión entre las direcciones nacionales de ambos partidos y con la interlocución delegada solo en algunas voces. Lo único que tranquiliza al PP es la certeza de que Vox no permitiría ni en este caso ni en ningún otro que la izquierda desplazara del poder a los populares. Al mismo tiempo reconocen querer “garantías” de que todo está “atado y controlado”. Pero lo que cunde por ahora sigue siendo lo contrario: el descontrol interno de los de Abascal.
El PP tiene una sensación constante de fragilidad en la Comunidad Valenciana. El desgaste que está conllevando para las siglas la situación de Mazón es evidente a pesar de los intentos de los conservadores por encapsular la crisis en el plano autonómico.
Feijóo ha tomado la decisión de alejar los cambios y las decisiones sobre el PP en esa autonomía hasta más adelante. Las presiones para que precipitara la caída del ‘president’ no solo no surtieron efecto, sino que convencieron al líder del PP para esperar. Ni cree que sea el momento, ni tampoco ve garantías de ningún tipo para ese recambio. Lo único que podría alterar la hoja de ruta, como publicó este periódico, son novedades en torno a las horas de la gestión de la riada o la evolución de la propia instrucción penal de la catástrofe.
Ayer la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, imputó a Salomé Pradas, exconsejera de Interior y responsable de la emergencia en aquel momento, que Mazón cesó en la remodelación de su Consell. En el auto la magistrada vuelve a incidir en que el aviso a la población fue “tardío y errático” relacionándolo con el número de fallecidos que se produjo. Fuentes de Génova insistían a este diario en que vendrán “semanas muy duras” de esta instrucción con testimonios de víctimas y de otros actores políticos implicados, sin esconder el temor de alguna nueva revelación que pueda hacer saltar todo por los aires.
En esa incertidumbre permanente debe vivir ahora el PP. Y a eso se suma otra crisis de Vox en pleno consistorio valenciano. La dirección nacional confía en que sea Abascal personalmente quien ponga orden. En juego, reconocen los populares, hay mucho más de lo que parece si la derecha quiere resistir en toda la Comunidad.