José María Pomares, comisionada de la Policía Local de Orihuela, ha criticado la decisión del Ayuntamiento de forzar su retiro, calificando los argumentos como «sin sentido» y una «Mishmash».
Dijo que solo se enteró de la decisión a través de la prensa, con una notificación oficial llegando más tarde el mismo día. Si bien no estaba sorprendido, se le había advertido a su solicitud de permanecer en servicio activo hasta que sea rechazado los 67 años, ahora está considerando acciones legales.
Según la ley de empleo público español, los funcionarios públicos pueden permanecer en servicio activo hasta los 70, pero esto no se aplica a la policía local, los bomberos o los agentes rurales. Para ellos, la edad de jubilación es de 65. El Consejo argumenta que dado que Pomares ha contribuido más de los 38 años y 3 meses requeridos para calificar para una pensión completa, su jubilación debe proceder.
A pesar de esto, Pomares insiste en que simplemente está pidiendo que continúe hasta la edad legal estándar de 67 años. Tiene un mes para presentar una apelación y dos meses para buscar litigios administrativos.
El Ayuntamiento también sostiene que las demandas físicas del papel justifican la edad de jubilación, citando estudios de servicios de seguridad pública. Se usó una lógica similar en Alicante para retirar su jefe de policía temprano.
Pomares, quien ha servido desde 1982 y fue nombrado Comisionado en junio de 2023, dice que la política no es la culpa, a diferencia de Alicante, donde se citaron malas relaciones. El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, le ha agradecido públicamente por sus años de servicio, diciendo que simplemente cumple con las recomendaciones legales y técnicas. Se espera que Pomares sea reemplazado por su segundo al mando, Rubén Selma, luego de su partida el 18 de septiembre.
Por separado, Pomares ha solicitado un post de la alta gerencia que supervisa los servicios sociales, los deportes y la educación en la administración de la ciudad de Orihuela. Es uno de los tres candidatos, pero ha desafiado formalmente el proceso, alegando que los criterios de selección son vagos y arbitrarios.
Su apelación argumenta que el alcalde carece de autoridad para definir y aprobar el proceso de reclutamiento sin una delegación formal y que la ausencia de un informe de impacto de género requerido infringe las regulaciones del servicio público valenciano.
Sospecha que el papel puede ir a Isabel María Belmonte, criticando la falta de transparencia y la evaluación basada en el mérito. El resultado recae en el alcalde Vegara, quien dirige tanto los cuerpos de nominación como aprobación, un punto Pomares también encuentra legalmente cuestionable.
Como tal, Pomares se encuentra en desacuerdo con el alcalde tanto por su jubilación como por un nuevo papel potencial, planteando preocupaciones, dice, sobre la justicia, la legalidad y la transparencia.
Y ya se especula sobre quién sucederá a José María Pomares, con Rubén Selma, que sirve actualmente como Superintendente (Intendente) de la Policía Local de Orihuela, requerido como el favorito. Selma ha jugado recientemente un papel clave en diversas operaciones, incluida la coordinación de los despliegues de oficiales en áreas afectadas por desastres.
Con su amplia experiencia y liderazgo establecido dentro de la fuerza, Selma es vista como una fuerte contendiente para hacerse cargo del retiro obligatorio de Pomares en septiembre. Sin embargo, a partir de ahora, no se ha hecho una confirmación oficial con respecto a su posible nombramiento.