El 10 de enero de 2023, Yolanda Martínez y Luna Fernández aterrizaron en la base aérea de Torrejón de Ardoz junto con 13 menores a su cargo. Habían sido repatriadas por el Gobierno de España desde el campo de prisioneros de Al Roj, en Siria, país al que acompañaron a sus esposos, integrados en el Daesh, para ofrecerles apoyo y educar a sus hijos en las normas que dicta la organización yihadista.
Este lunes, ambas mujeres se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional para enfrentarse a sendas peticiones de seis años de cárcel que pide para ellas la Fiscalía, por un delito de integración en organización terrorista. En la operación para repatriarlas del lugar en el que vivían junto a sus hijos y los huérfanos de otros yihadistas en el noroeste de Siria participaron varios ministerios. Se trataba de una solución humanitaria a la precaria situación en la que vivían en el campo de refugiados, pero ello no las eximió de sus posibles responsabilidades penales.
Un día después de su llegada, el juez de la El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz las envió a prisión mientras los pequeños quedaron bajo custodia de la Comunidad de Madrid. En el caso de Yolanda los abuelos de sus cuatro hijos reclamaron y consiguieron hacerse cargo de los pequeños, mientras que Luna llegó con nueve menores de los que solo cinco eran sus hijos biológicos. No fueron puestas en libertad en espera de juicio hasta finales del pasado mes de septiembre.
Califato proclamado en 2014
Dos años después de su llegada, el pasado mes de enero, y tras concluir la investigación sobre las actividades que se les imputaban, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó procesar a las dos mujeres argumentando que ambas habían ya participado en actividades en favor de la organización yihadista en España, antes de su desplazamiento voluntario a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, una vez proclamado el pseudocalifato en junio de 2014 por Abu Bakr al-Baghdadi, y con plena voluntad de mantener su integración en la referida organización terrorista. Formaban parte de la Brigada Al-Andalus, manteniendo contactos con otras mujeres que servían para introducir a las conversas dentro de una visión rigorista del Islam.
Fue ya con éste bagaje cuando se desplazaron a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, compartiendo y aceptando su mismo destino y con la plena voluntad de formar parte de la organización terrorista. Además de Yolanda y Luna, la justicia española investigada desde septiembre de 2019 a una tercera española que no ha podido ser localizada y a una cuarta mujer marroquí con la que todas ellas habían viajado hacia Siria.
Según el escrito de la acusación pública, Yolanda y Luna siempre mostraron su voluntad de ser miembros del Daesh Solo la completa pérdida de control territorial en Siria e Irak que sufrieron los islamistas tras el sitio y caída de la ciudad siria de Baguz, así como las condiciones de vida en el campo de acogida de, que estaba controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias-FDS, fueron la causa por la que ambas solicitaron ser repatriadas a España.
En su escrito, la Fiscalía incide en las labores de adoctrinamiento de los menores. Señala que la propaganda del Daesh revela el papel crucial de la educación en el califato. Los menores son educados desde los 9 años en escuelas administradas por Daesh cuya única asignatura es la religión y, una vez formados –en campos de entrenamiento– pueden desempeñar varias funciones como hacer espías, reclutadores, e incluso soldados, ejecutores o suicidas, según la información manejada por la Fiscalía. Las niñas, por su parte, son preparadas para cocinar, coser y cuidar a los demás menores.
La madre les instruía
En el caso de los hijos de Yolanda, durante el periodo en el que estuvieron en Siria no refirieron haber acudido a ninguna escuela ni centro educativo. “Por sus edades, es lógico que los más pequeños no lo hicieran”, agrega la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, aunque subrayando el mayor de ellos sí tuvo edad para estar escolarizado. Los menores informaron a su regreso a España que era su propia madre la que les daba clase de diversas materias y les instruía en el “aprendizaje de su visión de la práctica islámica y sus valores”.
Para el Ministerio Público ello no “no es una simple cuestión civil ni de escasa trascendencia, pues las investigadas han realizado todas las pautas de conducta que se esperan de la mujer integrada en el Estado islámico”. Este rol como madres y esposas se considera fundamental “en la legitimación del califato, así como en su propósito de consolidarlo y de expandirlo globalmente”, agrega el escrito.
En un vídeo que les realizó el diario El País en abril de 2019 ambas manifiestan su compromiso con el islamismo. “Yo soy musulmana y no voy a renegar de mi religión y como muchos países hacen sus leyes, Alá ha hecho una ley y Él sabe, nosotros no sabemos”, señala Luna en esta grabación, unas palabras que según la Fiscalía “reflejan la interiorización de una visión radical y extremista del islam, donde la sharía o ley islámica prevalece sobre la legislación de los países pese a su interés por desmarcarse de Daesh”. Por lo que respecta a Yolanda, relató a los periodistas: “Llegué sin saberlo, pero estaba muy contenta. Nos dieron una casa y a mi marido un trabajo en el juzgado del ISIS, haciendo recados. Por fin tuvimos una situación estable económica”.