La jueza Inmaculada Iglesias difícilmente podía imaginar que Alberto González Amador terminaría por no declarar nunca sobre los delitos fiscales que le imputó en su denuncia la Fiscalía de Madrid, cuando le citó para declarar el 20 y 21 de mayo de 2024 junto a otros cuatro de sus cómplices, proveedores de empresas fantasma y facturas falsas domiciliados en lugares recónditos de España y en México
En esa y otras tres convocatorias posteriores, la defensa del presunto autor de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, se las arregló para eludir su declaración sobre ese asunto.
En otra oportunidad, no fue él quien logró el aplazamiento de la declaración sino las acusaciones populares, habida cuenta de que presentaron, antes del verano de 2024, una querella que ampliaba la denuncia de la Fiscalía de Madrid y solicitaba investigar presuntos delitos de corrupción de los negocios y administración desleal.
La jueza admitió parcialmente la querella de Más Madrid y del PSOE y abrió una pieza separada sobre los negocios de González Amador con el grupo sanitario Quirón, contratista, a su vez, de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es pareja de González Amador.
Finalmente, la jueza Iglesias le citó una sexta vez porque la defensa solicitó declarar. Pero atención: soñó en la pieza separada de Quirón.
Ni González Amador ni sus cuatro cómplices declararon nunca sobre los delitos fiscales y las falsedades. Pero no porque la jueza se abstuviera de convocarlos. Se negaron, simplemente.
Por tanto, el argumentario que el Partido Popular de Madrid ha difundido tras conocerse el procesamiento este jueves, sobre una presunta indefensión carece de fundamento.
Asimismo, González Amador decidió hablar sobre los delitos fiscales en el procedimiento que no trataba sobre ellos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ante el juez Ángel Hurtado, el pasado viernes 23 de mayo. Y allí señaló que no cometió esos delitos pero para no dañar a su pareja, Díaz Ayuso, dejó en manos de su abogado, Carlos Neira, negociar un pacto de conformidad con la Fiscalía de Madrid.
Dicho acuerdo reconocía dos delitos fiscales-principio básico para cualquier proceso de negociación- y uno de falsedad -15 facturas ficticias por valor de 1.083.985,63 euros – y se resolvía con el pago de 520.000 euros, lo que incluía 40% de multa e intereses. Por cada uno de los delitos la pena pactada era de cuatro meses de cárcel. Es decir: dos delitos, ocho meses. Como la pena era inferior a dos años y el infractor no tiene antecedentes no iría a prisión.
Ahora, si finalmente se celebra el juicio, la pena prevista para el delito fiscal es de uno a cinco años y el pago de seis veces lo defraudado (350.951 euros) lo que supondría un pago de casi 2,1 millones de euros.
Claro que si el auto de procesamiento, que es recurrible ante la Audiencia de Madrid, es confirmado y se abre el juicio oral, González Amador, aun a costa de hacer el ridículo, puede decidir declararse culpable y volver a pactar la conformidad.
Para este viaje no se necesitaban las alforjas que ha preparado Alberto González Amador. Y que incluyen la investigación de su relación de negocios con el grupo Quirón y, también, sobre cómo logro comprar por 955.000 euros el ático que ha unido a su piso del madrileño barrio de Chamberí, a tiro de piedra de la sede del Tribunal Constitucional.
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