Ahora sí, con la inyección de 4.000 millones de recursos adicionales a los presupuestos prorrogados en el zurrón, el president Salvador Illa está listo para afrontar un mes de junio del alto voltaje. Hasta el momento, mediante el juego de cesiones y equilibrios, ha logrado la cuadratura del círculo con ERC y Comuns para surfear los primeros compases de su mandato en minoría sin grandes sobresaltos pese a la crisis de Rodalies, del apagón y de la DGAIA. Pero quedan por delante los huesos de la legislatura, asuntos peliagudos que tensionarán las costuras de esta alianza que el Govern considera “sólida”.
En las próximas semanas, los socialistas se disponen a abrir de par en par carpetas como la de la financiación singular, la ampliación del aeropuerto de El Prat o Rodalies, de cuya gestión dependerán los presupuestos de 2026, piedra de toque para la estabilidad de la legislatura. Todo ello sometido también a episodios exógenos pero con gran reverberación en el proyecto del Govern, como la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, cuyo desenlace llegará también a finales de este mes.
Illa va a hablar de financiación antes de lo que hubiera querido. La presión del PP para que este melón se abra en la Conferencia de Presidentes con la vista puesta en exhibir un amplio rechazo han abocado al president a afrontar en la cumbre del Palau de Pedralbes la defensa del modelo singular pactado con ERC a cambio del ‘sí’ a su investidura. No anticipará la letra pequeña, que no se hará pública hasta finales de mes, cuando está prevista la puesta de largo para oficializar el acuerdo con la Moncloa; pero sí que cerrará filas con un reparto de recursos que a su juicio debe ser más justo para Catalunya sin que vaya en detrimento del resto de territorios.
Illa ha retado a los populares a afrontar el debate de forma “constructiva” y poniendo propuestas encima de la mesa para mejorar la financiación de todas las autonomías, aunque da por descontado que los populares combatirán al unísono el planteamiento de Catalunya. Sin embargo, asegura que eso no lo moverá ni un ápice de los términos en los que se tejió la alianza con los republicanos y mantiene que la Agència Tributària de Catalunya estará en disposición de recaudar todo el IRPF de 2026. De ello depende atar en corto el apoyo de ERC en la legislatura, especialmente con la vista puesta en los presupuestos del año que viene, el pasaje directo para la estabilidad del mandato.
Si la financiación singular es la principal argamasa del Govern con ERC, en el caso de los Comuns es, principalmente, las políticas sobre vivienda. Pero hay un episodio que amenaza con provocar turbulencias en la relación: la ampliación del aeropuerto de El Prat. Hasta ahora, el president Illa ha postergado, con la vista puesta en salvar la inyección de recursos con los presupuestos prorrogados, un proyecto al que no piensa renunciar aunque afecte a La Ricarda y que es una demanda recurrente del sector empresarial. Pero la presentación de los planes por parte de la comisión de estudio se prevé para las próximas semanas.
El grupo de Jéssica Albiach ha dejado claro que lo van a combatir por tierra, mar y aire, mientras que el Govern se reserva el modelo de gobernanza dando entrada a la Generalitat para sumar a ERC al proyecto. Habrá que ver hasta qué punto este asunto interfiere en la negociación de los presupuestos de 2026, teniendo en cuenta el antecedente del anterior mandato, cuando los Comuns rechazaron las cuentas de Pere Aragonès por la defensa del Hard Rock y se precipitaron las elecciones. En el Govern dan por hecho que no se va a reproducir esa situación a juzgar por el castigo que recibió el partido de Albiach en las urnas, y también en los Comuns contemporizan con el argumento de que puede ir para largo el momento en que entre una excavadora en El Prat.
El Govern tiene que resolver también este mes de junio una propuesta de estatutos para la nueva empresa mercantil de matriz catalana que deberá gestionar el personal y los trenes de Rodalies cuando empiece concretarse el traspaso de la competencia a la Generalitat. Ambas partes llevan meses intercambiándose documentos y consideran encauzado el acuerdo en un año que arrancó marcado por el caos en la red ferroviaria hasta el punto de convertirse en la primera crisis del Executiu de Illa. Habrá que ver cómo se resuelve que esa nueva empresa esté “segregada” de Renfe y esté liderada por personas propuestas desde la parte catalana teniendo en cuenta el frágil equilibrio con los maquinistas, que ya se pusieron en pie de guerra con amenazas de huelgas.
Los Comuns cierran también filas con lo que se acuerde entre el Govern y los republicanos y tratan de atribuirse la planificación ferroviaria de la red catalana del futuro para unir las capitales de comarcas y pasar de un sistema radial a uno de orbital, uno de los puntos sellados a cambio de su voto a favor de la tercera ampliación de crédito y que consideran un triunfo a las puertas de que se abra el debate del aeropuerto.
De cuál sea el devenir de los tres episodios desgranados dependerán también los presupuestos de 2026, que el Govern querría empezar a negociar en septiembre con la vista puesta en tener nuevas cuentas el 1 de enero. Se trata de un hito al que tuvo que renunciar Illa este año cuando ERC dejó claro que no aprobaría unos presupuestos hasta que hubiera resultados palpables de la financiación singular. Para la Generalitat no ha sido un problema salvar este 2025 con los presupuestos prorrogados de 2023 vía ampliaciones de crédito, pero sí cree que es imprescindible contar con unos nuevos para el próximo ejercicio. No solo para tener un mayor margen de maniobra e impulsar su propio programa, sino para tener garantizada la estabilidad hasta el final del mandato se mantenga o no la aritmética con republicanos y Comuns hasta el final de la legislatura.
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