Orihuela – Una Comisión Municipal ha rechazado las acusaciones de acoso en el lugar de trabajo presentada por el jefe de la policía local de Orihuela, el comisionado José María Pomares, contra el alcalde Pepe Vegara y el concejal de la seguridad ciudadana Mónica Pastor. En cambio, la Comisión ha clasificado la situación como una disputa laboral, instando a ambas partes a buscar una resolución amigable.
Los hallazgos provienen de un informe emitido por un comité formado dentro del Ayuntamiento, que comprende representantes sindicales, dos miembros del departamento de recursos humanos y un técnico de prevención de riesgos ocupacionales senior. El informe describe los criterios legales y de procedimiento para el acoso en el lugar de trabajo y concluye que, en base a la documentación revisada, ningún comportamiento descrito aumenta a ese estándar.
Según el informe, el conflicto proviene de los desacuerdos sobre el manejo de tareas rutinarias y problemas organizativos internos dentro de la fuerza policial local. Enfatiza que la Comisión carece de la jurisdicción para gobernar sobre asuntos que podrían llevar implicaciones penales y limitar sus conclusiones al contexto administrativo y laboral.
Aunque la Comisión se niega a intervenir aún más, recomienda que las partes involucradas resuelvan el conflicto a través del diálogo o, en su defecto, minimicen el contacto para evitar una mayor escalada. “Sería necesario evitar cualquier tipo de relación entre ellos tanto como sea posible”, sugiere el informe.
La disputa ya ha tenido consecuencias administrativas. A raíz de la queja del comisionado Pomares, el pastor del concejal firmó un decreto que presenta su jubilación forzada. Inicialmente programado para el 18 de septiembre, la jubilación se presentó efectivamente cuando Pomares se puso en licencia a partir del 27 de mayo debido a los días de vacaciones pendientes. Como resultado, ahora se lo considera prácticamente jubilado. El superintendente Rubén Selma ha sido nombrado para liderar la fuerza hasta la fecha oficial de jubilación.
El comisionado Pomares había acusado al alcalde Vegara y al concejal pastor de comportamiento discriminatorio y acciones que afirmó que equivalían al acoso en el lugar de trabajo, causándole daño psicológico y marginación profesional.
Sin embargo, el informe de la Comisión concluye que no hay evidencia que respalde esas afirmaciones, aunque señala que esto no impide una evaluación adicional de otros organismos legales o judiciales.