Una semana después de que el president Salvador Illa presentara a bombo y platillo su proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat, el Parlament ha aprobado fijar un tope a los turistas que puede asumir Catalunya de forma sectorializada en el plazo de un año. Lo ha hecho a partir de una moción presentada por los Comuns que ha recabado el apoyo del PSC, de ERC y de la CUP, un texto que no ha prosperado en su totalidad, puesto que los socialistas se han desmarcado de la parte en la que se rechaza la ampliación de El Prat y otras propuestas como la de limitar la llegada de cruceros al Puerto de Barcelona a tres por día.
En concreto, la propuesta aprobada establece que en el plazo máximo de un año el Govern debe elaborar y aprobar el Pla Territorial Sectorial del Turisme de Catalunya como “instrumento estratégico” para ordenar y planificar de forma sostenible el turismo en toda Catalunya teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada zona y estableciendo la “capacidad de carga” de cada destinación. De hecho, el PSC ya se comprometió en el pacto de investidura con los Comuns a elaborar, en un plazo de seis meses, un estudio de esa capacidad de carga turística que tiene Catalunya, algo que no se ha hecho pese a que ya hace más de 10 meses que Illa es president.
Alejarse del “monocultivo turístico”
Durante su intervención para defender la moción, el diputado de los Comuns Lluís Mijoler, que es también exalcalde de El Prat de Llobregat, ha recordado la “oposición frontal” de su grupo a la ampliación del aeropuerto, que ha recordado que supondría la llegada de 20 millones más de turistas a Catalunya. “No podemos permitir barrios sin vecinos o que nuestro país sea un producto turístico despersonalizado”, ha asegurado recordando los problemas de vivienda que afectan a los vecinos y la situación laboral precaria de los trabajadores del sector. “Hay que alejarse del monocultivo turístico”, ha defendido Mijoler.
Otro de los puntos que ha prosperado ha sido el de presentar, en un plazo de seis meses, un proyecto de reforma integral de la Llei del Turisme de Catalunya para que esta actividad sea declarada como de “interés general” para avanzar hacia un modelo “ambientalmente responsable, socialmente justo y territorialmente equilibrado”. También se ha aprobado hacer las gestiones necesarias con el Gobierno español para que los ayuntamientos pueden aplican un recargo de hasta el 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los pisos de uso turístico para destinar estos ingresos a políticas de vivienda asequible; así como presentar, antes de tres meses, los presupuestos de carbono para fijar límites vinculantes de emisiones de forma específica para el turismo.
El pulso por la tasa turística
Los Comuns se han quedado solos con la CUP reclamando la modificación de la tasa turística para que la mitad de los ingresos se destinen también a vivienda asequible. El PSC le ha recordado que precisamente este miércoles ya se convalidó el decreto que ponía fin al desaguisado sobre este tributo, cuya subida ha acordado con ERC y Comuns posponer hasta que se alcance un acuerdo en el Parlament para su modificación.
El PP, que se ha opuesto a prácticamente todo el texto, ha afeado a los socialistas que “comulguen” con las políticas de turismo de la “extrema izquierda”, pese a que el partido de Illa ha votado en contra de las propuestas más intervencionistas en el sector que han presentado los Comuns; y Junts, que también ha votado ‘no’ a la mayoría de propuestas, ha reivindicado que el turismo debe ser “viable y rentable” y que eso no es posible sin competitividad.
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