El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró este lunes que “siempre hay que tener bien engrasada la máquina de defensa del agua”. Y lo demostró con un encuentro en la que Reunión a la consejera murciana de Agua y Agricultura, Sara Rubira, al secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo y al presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez. Escenificaba de nuevo, y era la tercera vez en un año y medio, junto a representantes de gobiernos autonómicos del Partido Popular lo que el jefe del Consell bautizó como el “eje” en defensa del trasvase Tajo-Segura.
Derogación
Coincidieron en exigir la derogación del Plan Hidrológico del Tajo y la anulación de las nuevas reglas de explotación, aún en trámite, a las que calificaron de “irregulares”. En este sentido, en un encuentro organizado en las instalaciones del distrito digital del Puerto de Alicante, manifestaron que “aún hay tiempo” para revertir el proceso que, en esencia, supondrá un recorte del trasvase desde los 320 hectómetros anuales que ha enviado a Murcia, Alicante y Almería en los últimos 46 años como media, a la mitad.
Como vienen manifestando en este tipo de encuentros, lamentaron la total falta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica, que una vez aprobó el Plan Hidrológico del Tajo en enero de 2023, “no ha sabido qué hacer” con las normas de explotación. También cuestionaron que todavía no se haya pronunciado sobre el borrador del documento técnico, obligado tras cada revisión del ciclo hidrológico, tras anunciar las nuevas reglas en junio.
Reunión de los representantes de Andalucía, Murcia y Valencia en el Distrito Digital / Héctor Fuentes
Político e ideológico
La reunión, de la que se descolgó la Comunidad de Madrid pese a haber acudido a los dos anteriores, fue convocada para analizar las conclusiones de un informe sobre el Trasvase Tajo-Segura, encargado por la Generalitat Valenciana, que se pretende hacer llegar al Miteco, aunque todas las iniciativas en este sentido no han recibido respuesta en los últimos dos años.
Aunque en el encuentro se dio por hecho que ese informe está elaborado y terminado, sin que se abordara su contenido, en realidad se trata solo de un borrador. Además, se indicó por error que estaba elaborado con la participación de la Universidad de Alicante, cuando es un encargo de la dirección general del Agua y la institución académica no está implicada, de momento, en su elaboración.
Mazón criticó que, de los 17 trasvases existentes en España —o 50 si se incluyen los de menor envergadura—, el único que se cuestiona políticamente sea el Tajo-Segura. Es el más importante en volumen de agua trasvasado al año con una media de 320 hectómetros anuales.
Lucas Jiménez pide “cordura” y señaló que hay “mucha agua que trasvasar”
Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), actuó como portavoz del sector agrario. Criticó que las normas de explotación responden a decisiones políticas y no técnicas, lo que explicaría que llevarían sin aprobarse desde abril. En su opinión, “todavía es posible que esas reglas que surgen de la planificación política vayan al baúl de los recuerdos”. Pidió “cordura” y recordó que, una vez atendidas las necesidades del alto Tajo y las exigencias de los colectivos ecologistas, “hay mucha agua para trasvasar”. Jiménez alertó de que las nuevas reglas podrían poner en riesgo las economías de tres comunidades autónomas por lo que describe como “una componenda de votos”, fruto de una decisión que, en su momento, “decidió la ministra con su dedo”, al margen del criterio técnico. Al encuentro también acudieron el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, la vicepresidenta de la Diputación Ana Serna y la directora general del Agua, Sabina Goretti Galindo, además del vicepresidente del SCRATS y presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda Río Segura, Roque Bru.
Alto Tajo
El presidente de la Generalitat cuestionó la disparidad en los caudales fijaciones: mientras en Aranjuez se establece un caudal ecológico de 8,65 m³/s para el Tajo, en ríos como el Júcar o el Jarama las cifras son considerablemente menores, pese a contar con mayores aportes. Ante ello, se preguntó: “¿Cómo es posible y cuál es la hoja de ruta?”.
Defendió que los regantes del sureste cuentan con “el peso de la razón”, al enfrentarse a unas reglas plagadas de “contradicciones de extraordinario nivel”. Subrayó que su reivindicación no responde únicamente a intereses agrícolas o económicos, sino también ambientales, ya que, según advirtió, “se pretende acabar con millones de árboles en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía”.
Además, acusó al Gobierno central de incumplimiento al haber anunciado inversiones de 1.300 millones de euros para la cabecera del Tajo y haber ejecutado apenas 100 millones en el actual ciclo del plan hidrológico que se inició en 2023 y culmina en 2027.
Medidas
Entre las actuaciones sin realizar, aunque en este caso Mazón no las citó, se encuentra la modernización de regadíos en el Alto Tajo, y lo que es más importante, la mejora de la depuración de aguas residuales de la Comunidad de Madrid, una de las variables que más degrada la calidad del agua del río y que obliga a diluir la contaminación del río Jarama, afluente del Tajo, con más caudal.
En el caso del Plan Hidrológico del Segura tampoco se han llevado a cabo inversiones que puedan contrarrestar la merma de agua, como las desaladoras y las plantas solares que rebajen su consumo energético.
Un momento del encuentro con la presencia de Ana Serna, Roque Bru, Lucas Jiménez, Carlos Mazón y Sara Rubira. / Héctor Fuentes
Miteco
Por su parte, Sara Rubira, consejera murciana, reiteró la necesidad de derogar un plan que considera “lleno de irregularidades”. A su juicio, el problema del Tajo radica en “la gestión ineficiente de los embalses, de unos regadíos poco modernizados y una gestión poco transparente de la Confederación del Tajo”. En contraste, asguró que los regadíos del Segura son de los más eficientes del país y lamentó que “no es justo castigar a las comunidades que mejor uso hacemos del agua”. Para Rubira, el trasvase Tajo-Segura representa “un ejemplo de solidaridad nacional” y no un privilegio, sino “justicia de un recurso que es de todos los españoles”.
A gastos de las resoluciones judiciales
Más allá de la estrategia política el futuro de las nuevas normas de explotación está pendiente de los tribunales. Tres recursos ante el Tribunal Supremo: de los regantes del SCRATS, de la Región de Murcia y de la Diputación Provincial. Todos piden tumbar los caudales ecológicos.
El tribunal ha tumbado los presentados por la Generalitat -en el mandato del Botànic II-, la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía.
Diálogo
Ramiro Angulo, secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, insistió en la posibilidad de volver al diálogo, dado que el documento sigue en fase de revisión. Subrayó el compromiso de las comunidades receptoras para garantizar tanto los usos del alto Tajo como los ambientales, sin descuidar lo que considera importante papel de la producción agrícola en Almería, Murcia y Alicante para “la seguridad alimentaria de Europa en un momento tan complejo”. El secretario autonómico fue el que más insistió en la vía del diálogo frente al discurso de Mazón, muy enfocado a cuestionar la gestión del Gobierno ajena, a su juicio, a unas decisiones que son técnicas.
El Gobierno inisiste en la obligación de los cambios en el Plan Hidrológico del Tajo por las sentencias judiciales que exigen fijar un aumento de los caudales del Tajo para mejorar su estado ambiental y la adaptación del funcionamiento del propio acueducto a los efectos del cambio climático.
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