Orihuela, octubre de 2025 — La Audiencia Provincial de Elche escucha estremecedores testimonios en el juicio por el enterramiento ilegal de al menos un millón de toneladas de residuos en terrenos agrícolas de La Murada, Orihuela, entre 2005 y 2011. Agentes especializados de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional confirmaron que los acusados conocían la gravedad del delito e intentaron ocultarlo.
Los fiscales buscan sentencias de siete años de prisión para el empresario agrícola Francisco Poveda, el terrateniente, y penas de cinco años para Antonio Ángel Fenoll, Francisco Fenoll, Ángel Fenoll Pastor—familiares del destacado empresario local Ángel Fenoll—junto con el ex concejal Javier Bru y el empresario José Vera, quienes supuestamente facilitaron los entierros ilegales. Ángel Fenoll, principal imputado, no afrontará juicio por enfermedad.
Las conversaciones telefónicas escuchadas revelaron que los acusados eran conscientes de las consecuencias legales inminentes. Según se informa, Poveda le dijo a Ángel Fenoll: “Vamos a terminar esposados”, reflejando su pánico a medida que aumentaban las quejas y las inspecciones. Los agentes testificaron que los entierros ilegales se realizaron a pesar de las advertencias de la policía, y Poveda aceleró el trabajo cuando lo confrontaron en el lugar.
La Policía Local rastreó los camiones de basura que en mayo de 2008 arrojaban residuos en las explotaciones agrícolas, captando fotografías del crimen en curso. La investigación reveló enormes fosos llenos de desechos no tratados, algunos enterrados bajo plantaciones de cítricos, que contienen materiales orgánicos e inorgánicos, desechos médicos, jeringas, electrodomésticos, plásticos y vidrio. Los oficiales describieron la escena como “dantesca”, con un hedor nauseabundo y condiciones insalubres.
Las excavaciones de la Guardia Civil y la UDEF confirmaron la contaminación en 500 hectáreas distribuidas en 11 propiedades, abarcando los distritos de Los Vives, Los Rubira, Los Sigüenzas y Los Corrales. Las autoridades advirtieron que esto representa uno de los delitos ambientales más graves en la región, con contaminación duradera del suelo y riesgos potenciales para la salud pública y la agricultura.
Los abogados defensores intentaron impugnar el juicio, cuestionando el uso de escuchas telefónicas en el caso Brugal y la identificación de parcelas contaminadas. Sin embargo, el juez Francisco Javier Saravia rechazó una moción de suspensión del proceso, afirmando que el caso también cuenta con investigaciones in situ, informes policiales detallados y peritajes.
Este caso pone de relieve el impacto devastador de los delitos medioambientales en España, demostrando cómo la eliminación deliberada e ilegal de residuos no sólo destruye los ecosistemas sino que también amenaza la salud humana y los medios de vida agrícolas. El juicio de Orihuela continúa y pone de relieve la responsabilidad por la destrucción ambiental a gran escala.