El abogado que ejercía la acusación popular en nombre de Manos Limpias en la causa seguida contra Begoña Gómez ha renunciado a través de un burofax en el que denuncia la “utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de multas de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada”.
En el escrito remitido al sindicato autodenominado de funcionarios, al que ha tenido acceso a EL PERIÓDICO, el abogado Carlos Perales, en nombre de Preico Abogados, explica que la posición mantenida por su cliente le sitúa “en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar”.
Sostiene que “la decisión no ha sido tomada a la ligera”, sino que “responde a un análisis sosegado ya la constatación de que concurrentes circunstancias que hacen inviable mantener una defensa técnica eficaz y plenamente coherente con los estándares de calidad, independencia y rigor jurídico que inspiran el ejercicio profesional” del despacho.
Explica que “lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica, orientado a la correcta interpretación y aplicación del Derecho, con el objetivo de obtener una resolución judicial fundada en la verdad material y en el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución Española, ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”.
El abogado admite que “se ha podido observar cómo las decisiones estratégicas en torno al litigio ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”, una “evolución legítima desde la óptica de la propia asociación”
En cambio, “desde la perspectiva de este despacho profesional, resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos”.
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