Las farmacias de toda la provincia de Alicante están haciendo cumplir estrictamente los requisitos de prescripción de ibuprofeno y paracetamol en dosis altas, siguiendo las directivas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad. Como resultado, el ibuprofeno en dosis de 600 miligramos y el paracetamol en dosis de un gramo ya no se pueden vender sin receta médica.
La medida pretende frenar el uso indebido generalizado de estos analgésicos de uso común, que durante años se tomaban de forma rutinaria para dolencias menores sin supervisión médica. Las autoridades sanitarias advierten que el uso excesivo o prolongado de altas dosis de ibuprofeno y paracetamol puede provocar efectos secundarios graves, como úlceras de estómago, hipertensión arterial, hipertensión y fragilidad capilar.
Aunque la condición de venta únicamente con receta de estas dosis ya estaba establecida en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos de 2006, su aplicación había sido inconsistente. Las farmacias ahora cumplen con mayor rigor la legislación, en consonancia con la normativa europea y con sistemas de seguimiento más estrictos que impiden la venta de medicamentos recetados sin la autorización adecuada.
Las alternativas de dosis más bajas siguen disponibles sin receta, pero sólo en paquetes más pequeños. Estos productos contienen generalmente entre 10 y 15 comprimidos, frente a los envases tradicionales de 40 o 50 comprimidos, que ahora requieren prescripción médica. Todo el ibuprofeno de venta libre está limitado a una dosis máxima de 400 miligramos, ya que dosis más altas ofrecen un beneficio adicional limitado para la mayoría de los pacientes y al mismo tiempo aumentan significativamente el riesgo de efectos adversos.
El cambio ha provocado quejas de algunos consumidores, especialmente en relación con el coste. Las versiones de venta libre de ibuprofeno y paracetamol suelen ser de dos a cuatro veces más caras que los medicamentos genéricos recetados. Esta diferencia de precio se debe en gran medida a los costos de marca y publicidad, ya que muchas de las alternativas sin receta son productos comercializados. En consecuencia, algunos pacientes se sienten obligados a visitar a un médico simplemente para obtener una receta para medicamentos que antes compraban gratuitamente.
Las autoridades sanitarias sostienen que el nuevo sistema es una medida de salud pública necesaria diseñada para reducir la automedicación y prevenir las sobredosis. Los paquetes más pequeños limitan la cantidad de medicamento disponible sin supervisión médica, lo que reduce el riesgo de uso indebido.
La situación también ha llamado la atención sobre cuestiones más amplias relacionadas con el precio y la disponibilidad de los medicamentos en España. Algunos medicamentos esenciales se venden a precios muy regulados que desalientan a los fabricantes a comercializarlos, lo que reduce la competencia. Actualmente, la Agencia de Medicamentos está revisando las políticas de precios en un esfuerzo por garantizar la seguridad del paciente y al mismo tiempo mantener el acceso a tratamientos asequibles.