España enfrenta una tormenta de críticas en Bruselas por permitir que el gigante tecnológico chino Huawei se encargue del almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales, una medida que los legisladores de la UE advierten que podría poner en riesgo las “joyas de la corona” de la inteligencia europea.
La controversia estalló después de que España adjudicara un contrato multimillonario a Huawei el verano pasado, lo que provocó advertencias de Estados Unidos de que el intercambio de inteligencia con Madrid podría verse restringido. Los críticos dicen que el acuerdo pone de relieve la lucha actual de Europa para proteger los sistemas digitales sensibles de proveedores extranjeros de alto riesgo.
Markéta Gregorová, legisladora checa que negocia nuevas normas de ciberseguridad de la UE, criticó duramente a España por confiar datos confidenciales a un “proveedor de alto riesgo”, advirtiendo que podría “envenenar el pozo del intercambio de inteligencia europeo”. El político opositor Juan Ignacio Zoido Álvarez se hizo eco de la preocupación y dijo que la decisión de Madrid “pone en riesgo la seguridad de la UE”.
La Unión Europea clasifica a Huawei como un proveedor de alto riesgo y ha propuesto una nueva legislación para expulsar a dichas empresas de la infraestructura crítica, después de años de prohibiciones voluntarias que no lograron frenar su presencia.
Madrid defiende el contrato, insistiendo en que los sistemas de almacenamiento se compraron a través de empresas europeas y se integraron en la red de vigilancia estatal de Telefónica, SITEL. Los funcionarios dicen que Huawei maneja sólo una porción menor y aislada del sistema y no representa ninguna amenaza a la seguridad o la soberanía tecnológica.
Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del gobernante Partido Socialista de España, descartó la intervención de la UE por considerarla innecesaria, insistiendo en que no hay riesgo de espionaje o compromiso de datos. Huawei no ha comentado sobre la disputa.