En marzo de 2019 se produjeron hechos trágicos en una concurrida calle de Bilbao. Un peatón que pisó una tapa de alcantarilla de riego suelta que estaba mal colocada en una zona de mucho tránsito peatonal, inmediatamente perdió el equilibrio, lo que provocó una fuerte caída y lesiones graves que finalmente resultaron fatales. La hermana de la víctima, actuando como única heredera, buscó justicia años después tras el fallecimiento accidental de su hermano.
Los jueces de Bilbao dictaron una sentencia histórica el 17 de marzo
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 condenó al Ayuntamiento de Bilbao a pagar exactamente 147.170.110 euros de indemnización. La aceptación parcial de la reclamación original de 170.000 euros se produjo después de que pruebas claras demostraran que la cobertura defectuosa creaba un obstáculo inevitable. Las fotografías, las declaraciones de los testigos y los informes médicos resultaron vitales para establecer el vínculo entre el mantenimiento deficiente y los daños sufridos. Los argumentos del Consejo que culpaban a la falta de atención de la víctima fracasaron cuando el juez subrayó que incluso el caminante más atento podría tropezar con un peligro tan obvio descrito como un “riesgo objetivo”.
La decisión refuerza la legislación nacional existente en todos los municipios españoles
Los peligros de tropiezo no son ajenos a las calles de España. Algunas áreas son peores que otras. Los caminos de Lugo, en Galicia, por ejemplo, son prístinos, con rutas bien pensadas que tienen en cuenta el fácil acceso para sillas de ruedas a pesar de que la mitad de la ciudad está formada por un castillo medieval. El barrio madrileño de Salamanca, sin embargo, es una mezcolanza de peligros, sobre todo cuando se plantan árboles en medio de las aceras, ocupando gran parte del espacio de la vía peatonal.
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Todas las autoridades locales tienen una responsabilidad legal clara de mantener seguras las calles, plazas y espacios públicos según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (regulaciones para las calles) y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público (marco legal para la protección de las personas). Tras esta decisión legal histórica, los ayuntamientos ahora deben esperar un escrutinio más estricto siempre que pavimentos defectuosos o elementos urbanos flojos causen accidentes, porque el fallo confirma que los ciudadanos merecen protección contra peligros evitables creados por los servicios públicos.
A lo largo de los años han aparecido casos similares en los tribunales españoles, pero esta sentencia de Bilbao supone un gran avance.
Los precedentes de Asturias, Murcia y Málaga y otras regiones ya establecen la responsabilidad del ayuntamiento por tapas de alcantarilla faltantes o levantadas y superficies irregulares. Lejos de ser el primer fallo de este tipo, la sentencia agudiza la aplicación de la ley al rechazar las defensas de culpa de la víctima cuando los peligros califican como riesgos claros. Como resultado, se espera que las reclamaciones futuras tengan un éxito más fácil cuando la evidencia demuestre un mantenimiento defectuoso en lugar de un descuido personal.
Cualquier persona lesionada por baches, bordillos elevados, tapas de drenaje sueltas, adoquines agrietados, superficies resbaladizas o obras viales sin terminar ahora tiene motivos más sólidos para solicitar una compensación. Las situaciones de mala pavimentación en centros urbanos, zonas turísticas o zonas residenciales tranquilas resultan especialmente favorables para la reclamación, siempre que existan pruebas del peligro y de las lesiones resultantes. Aquellos que pasean por las aceras españolas o los turistas que exploran calles históricas ahora pueden quejarse con mayor confianza cuando los ayuntamientos descuidan el mantenimiento básico.
Las medidas prácticas resultan esenciales inmediatamente después de cualquier accidente callejero en España
Una víctima debe asegurarse de recibir atención médica primero y obtener informes detallados que documenten las lesiones. Póngase en contacto con la policía local o la Guardia Civil o la policía local inmediatamente para crear un ‘atestado’ oficial (declaración de testigo). Capture varias fotografías del peligro infractor exacto antes de que algo cambie o se repare. Reúna los datos de contacto de los testigos en el acto. Presentar una “reclamación patrimonial” formal al consejo correspondiente dentro del año posterior a la estabilización de la lesión, adjuntando todas las pruebas. El rechazo o silencio permitirá el traslado a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo para su resolución plena.
Consecuencias más amplias remodelarán el mantenimiento urbano en todo el país
Los presupuestos locales pueden enfrentarse a crecientes reclamaciones, lo que obligará a los ayuntamientos de todo el mundo a intensificar las inspecciones de las tapas de alcantarillas, las aceras y la infraestructura pública. Las calles de toda España podrían volverse notablemente más seguras a medida que los gobiernos locales inviertan más para evitar pagos costosos. Una mayor conciencia pública probablemente fomentará una notificación más rápida de los defectos, mientras que los visitantes y residentes de larga duración se beneficiarán de una mejor prevención de riesgos en la vida diaria. Aunque la sentencia de Bilbao sigue abierta a apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, su mensaje claro ya resuena en todos los ayuntamientos españoles: los espacios públicos defectuosos conllevan costes financieros y legales reales.