Si el escándalo de la adjudicación de las VPP de Les Naus en Alicante amargó el estreno de Juanfran Pérez Llorca en las Corts durante su primera sesión de control, ahora podría formar parte del camino parlamentario de la que ha sido su primera gran norma: el Decreto ley 14/2025 del Consell de medidas frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, conocido también como el Simplifica II (porque lo de reducir la burocracia también ha aplicado a los nombres). Al menos, en lo que respeta al proceso de enmiendas.
La exigencia de Vox y la izquierda de tramitar el decreto ley como proyecto de ley abrió el tarro de las posibles modificaciones donde la gestión, adjudicación y protección de la vivienda pública se ha erigido como un tema de divergencia claro entre el PP y las formaciones progresistas. Sobre esta materia, los ‘populares’ han presentado dos enmiendas. La primera supone aclarar que las VPP las puedan certificar colegios profesionales, algo que la primera redacción ya dejaba encaminada; mientras que la segunda tiene algo más de miga al especificar el período de calificación de la vivienda pública como protegida, figura con la que se limita su venta y precio.
En este sentido, la enmienda del PP fija que “todas las viviendas de protección pública de promoción privada amparadas en cualquiera de las normativas anteriores tendrán un período de protección máximo de 30 años”. Esto supone equipararlas con las viviendas impulsadas por la Administración e implica un incremento de 10 años respecto a lo previsto hasta la fecha, situada en 20. No obstante, cabe recordar que el decreto habilitaba una vía para ‘descalificar’ estos inmuebles y devolverlos al mercado libre sin necesidad de cumplir este plazo.
Las propuestas del PP contrastan con el anuncio que hizo Llorca en febrero tras el escándalo de las VPP. “En la Ley de Simplificación Administrativa que estamos llevando adelante, vamos a incluir una enmienda a la normativa actual que va a reforzar los servicios y las formas de adjudicación de las propias viviendas, con la colaboración también de los promotores”, fijó el presidente que señaló como uno de los más destacados primar el arraigo, del que no hay mención. También dijo que se iba a “reforzar la publicidad, la transparencia y los controles que garantizan la correcta adjudicación y el correcto uso de las viviendas de protección pública”, pero las dos enmiendas no añaden más que la concreción de que la solicitud de calificación la puede presentar un colegio profesional.
El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mira los papeles antes de empezar el pleno, este miércoles en las Corts. / José Cuéllar/Cortés
La propuesta de los 30 años choca frontalmente con la petición del PSPV de que toda vivienda de protección pública tenga esta consideración de manera “permanente”. Pero no solo eso. Los ‘populares’ también deberán pronunciarse sobre la exigencia de que en caso de “falseamiento u ocultación de los datos o requisitos personales, familiares o económicos exigidos por la normativa” provoque la “resolución del contrato” y devuelva esta vivienda al parque público.
Choque por los PIA
Pero la vivienda no será el único campo al que haya que estar atento en las próximas semanas ante la votación de estas enmiendas cuando aterricen en comisión. Otro de los puntos que se aventuran como interesantes es el choque que ha abierto Vox con el PP por el nivel de protección de los llamados Proyectos de Interés Autonómico. La figura es un rediseño del actual Consell para facilitar inversiones empresariales ya la que en el último decreto de Simplificación le generaba una pista de aterrizaje menguando las condiciones para poder desarrollarse en parajes naturales.
Precisamente esta vía es la que ahora enmienda Vox que añade un párrafo en el que añade trabajos medioambientales. Así, reclama asegurar las “medidas correctoras” que dicta la Declaración de Impacto Ambiental que se dé y señala que el nuevo proyecto que se instala “deberá compatibilizar el nuevo uso a implantar con las actividades tradicionales que se hubieran desarrollado en dicho emplazamiento”. La situación recuerda al primer decreto de Simplificación donde PP y Vox chocaron por la distancia de construcción respecto a la costa, logrando un pacto ‘in extremis’.
Esta exigencia de Vox forzará a una negociación si el PP no quiere ver cómo la izquierda puede permitir que la propuesta se incluya en la norma. Tanto Compromís como PSPV han presentado enmiendas para volver a una legislación más garantista y protectora, en la línea de la que existía con el Botànic. Por ejemplo, los socialistas reclaman volver a no construir a menos de 500 metros de la costa, mientras los valencianistas fijarán su objetivo en “cerrar la puerta a macrooperaciones especulativas” y obligarán a que los proyectos de “inversión estratégica” sean “realmente excepcionales, sostenibles e integrados en la Estrategia territorial y la infraestructura verde”.
De hecho, socialistas y valencianistas coinciden en criticar que mientras el Consell habla de “simplificación”, lo que en verdad quieren decir “son menos derechos sociales y menos valores democráticos”. “La simplificación es solo una ética para su coartada contra el Estado de Bienestar valenciano”, indican fuentes de los socialistas. “Dicen que quieren menos papeleo, es problema es que lo que recortan no son papeles, derechos sino”, agrega por su parte la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas.
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