Alberto Núñez Feijóo sigue su particular hoja de ruta hacia la Moncloa, a donde aspira a llegar después de las elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, si Pedro Sánchez cumple su propósito de agotar, aun sin Presupuestos, la legislatura. Una senda que pasa por las victorias parciales en las sucesivas elecciones autonómicas que han abierto el nuevo ciclo electoral, como las de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y que tiene en Andalucía el 17 de mayo su próxima etapa. Y que inexorablemente estará marcada, salvo en aquellos lugares donde el Partido Popular (PP) logra revalidar sus mayorías absolutas, por negociaciones con Vox como las que han dado como resultado un primer acuerdo de coalición en Extremadura, donde María Guardiola volverá a ser investida esta misma semana presidenta de la Junta autonómica.
El líder de los populares se ve obligado, por tanto, a manejar un particular acordeón político, que tratará de estirar hasta romperse para que Vox no frustre los gobiernos regionales, pero que casi sin solución de continuidad, según una metáfora que hace fortuna en Génova, se contraerá para evitar dar vuelo a la extrema derecha y para seguir aspirando al grueso del electorado de centro que el PP ha ido recuperando en los últimos años -sobre todo desde la llegada de Feijóo en 2022, aunque antes también con Pablo Casado- y que le permite incluso arañar votos del PSOE.
A ese esquema obedecer la toma de cargo este lunes de Miguel Tellado en la comparecencia posterior al Comité de Dirección del partido, que se reunirá por primera vez después del acuerdo alcanzado en Extremadura. El número dos del PP, hombre de la máxima confianza de Feijóo, descafeinó notablemente los aspectos del documento suscrito con los de Santiago Abascal que más críticas habían levantado, y lo hizo justo, y no por casualidad, coincidiendo con la visita a Madrid del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que fue presentada en un foro de La Razón por el propio Feijóo. Amarrada la investidura de Guardiola, el líder del PP se centra ahora en potenciar la candidatura de Moreno, que el próximo 17 de mayo aspira a revalidar la mayoría absoluta que obtuvo en el año 2022, y que le evitó ya entonces tener que depender de Vox, cuyo apoyo fue imprescindible para hacerle por primera vez presidente de su región en el año 2018.
En el citado encuentro en la capital, Moreno se atrevió con críticas rotundas a Vox que en cualquier otro contexto y tratándose del líder del PP andaluz no hubieran sonado extemporáneas, pero que se produjo cuando tres años después los populares y Vox han vuelto a firmar un acuerdo de coalición. Sostuvo que los de Santiago Abascal -al que conoce desde el tiempo de ambos en Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP- “no tienen equipos para gobernar” y dejó claro con un lenguaje algo críptico que la situación en Andalucía no es equiparable a la de Extremadura, pues en su tierra, dijo, “podemos pasar tranquilamente de un magnífico resultado que puede ser 52 o 53 ganando las ocho provincias, a la matrícula de honor, con 56 o 57. Eso está en 15.000 o 20.000 votos”. Traducido: que incluso en el caso de perder por poco la mayoría absoluta seguiría aspirando a gobernar en solitario.
Por si faltase alguna invectiva más contra Vox, aseguró que Andalucía no podría permitirse una parálisis de seis meses como la que ha vivido Extremadura, de la que culpó a Vox por intereses meramente electorales. La cara en las primeras filas de uno de los invitados estelares, el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que de nuevo dependerá de Vox para ser investido, era todo un poema.
Las que el PP se empleó a fondo en descafeinar son la eliminación de ayudas o subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) medidas que den cobertura a los inmigrantes que llegan irregularmente a España, algo que enseguida hizo pensar en Cáritas, o la llamada “prioridad nacional” en las ayudas públicas, que provocó el recelo incluso de dirigentes del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien dudó incluso de su legalidad. Ese concepto, el de “prioridad nacional”, aparece hasta en cuatro ocasiones en el documento rubricado entre el PP y Vox para definir el supuesto pase preferente de los españoles de origen frente a ciudadanos inmigrantes en determinar ayudas o ventajas sociales, incluidas las relativas a la vivienda.
Defensa de Cáritas
Para Tellado no hay ni una cosa ni otra. Y fuentes del PP son aún más claras al respecto, diga lo que diga Vox, que insiste en que sí habrá una prioridad para quienes sean españoles de origen y que sí se acabarán con las subvenciones a las ONG que asisten a inmigrantes. “Organizaciones como Caritas, que se dedican a ayudar a personas de todo tipo y de toda condición, puede estar totalmente tranquilas, porque no les va a afectar”, señaló el número dos de los populares, quien añadió que una eventualidad de tanta envergadura, como la de que una ONG en concreto colaborare “con mafias que trafican con personas”, debería “acreditarse por sentencia”. El propio Moreno realizó en su mencionada intervención una encendida defensa de la organización católica.
En Génova creen que ese es el límite, que está claro, y que Vox lo sabe porque, precisamente, subrayan fuentes de la negociación, esa es una de las partes que llevaron más tiempo de la redacción del documento. Y lo mismo sobre la “prioridad nacional”, que según Tellado sería un criterio más y no uno, en cualquier caso, “eliminativo”. Un conocedor de las bambalinas de la negociación con los de Abascal explica que, por ejemplo, un peruano con cinco años de empadronamiento en Madrid tendría más derechos que un ciudadano español de origen de otra comunidad que acabase de empadronarse en la capital.
La textualidad del acuerdo habla de un mínimo de años de empadronamiento para acceder a determinadas ayudas, sí, pero también sostiene que “se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residentes en Extremadura, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”. En los matices, y en la interpretación de la literalidad del documento, andará el juego a partir de ahora. Vox, a través del vicepresidente in pectore de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, controlará la cartera de inmigración. Pero el PP recuerda, no sin razón sobre el papel, que cualquier tipo de acuerdo del Gobierno extremeño deberá ser colegiado y pasar por tanto, por el Consejo de Gobierno, el órgano homólogo al Consejo de Ministros a nivel autonómico.
Suscríbete para seguir leyendo