Los ayuntamientos catalanes podrán concurrir a la segunda convocatoria de la emblemática ley de barrios del Govern entre los días 6 y 17 del próximo mes de julio. El Executiu lanza una nueva tanda de financiación para dignificar los barrios vulnerables de Cataluña con una dotación inicial de 200 millones. Ampliable hasta los 400 millones si los presupuestos catalanes pendientes de aprobación acaban materializando el acuerdo presupuestario entre el Govern y los Comuns. Esos 400 millones se sumarían a otros tantos del plan de barrios para pequeños municipios pactados entre el Govern y ERC.
“El plan de barrios aúna tres ideas clave: la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la calidad urbana”, ha sostenido la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa. El también portavoz del Govern ha insistido en que el ejecutivo catalán aspire a “barrios donde se viva mejor, con políticas públicas palpables en beneficio de la vida real de las personas”. Paneque ha precisado que espera que la ampliación de la dotación de esta segunda convocatoria llegue a “como mínimo 300 millones” si prosperan los presupuestos que pactados con los Comuns.
Esta segunda línea de ayudas al mundo local catalán seguirá la estela de la primera del pasado 2025, que también se puso en marcha sin presupuestos aprobados. Los consistorios podrán volver a optar a recursos para inversiones entre los 3 y los 25 millones en función de su población, que deberán completarse con fondos de las propias administraciones locales. El ejecutivo de Salvador Illa, que ha aprobado el nuevo plan en el Consell Executiu de este 26 de mayo, se compromete a resolver provisionalmente las peticiones en otoño, sin concretar fecha por el momento. A un año de las municipales, la Generalitat enmarca su plan de barrios en su programa para combatir el ascenso del voto a la extrema derecha.
El ejecutivo catalán calcula que, con los 200 millones presupuestados hasta ahora, podrá volver a financiar actuaciones en barrios degradados de unos 20 municipios, que pasarían a ser 40 si se acabaría duplicando la partida presupuestaria catalana. Entre ellos deberán estar representadas todas las veguerías catalanas. Hay municipios que ya han hecho expresamente su voluntad de optar al plan de barrios, como por ejemplo Badalona y Sant Adrià de Besòs, que presentarán un proyecto conjunto. El año pasado, la dotación de 200 millones acabó ampliándose en otros 32 precisamente para llegar a la cobertura de proyectos que redundasen en beneficio de 20 barrios.
Si en la primera convocatoria el comisionado de barrios liderado por Carles Martí recibió un total de 83 solicitudes, la estimación del Govern es que las peticiones puedan incluso incrementarse en este segundo llamamiento. El segundo plan de barrios del Gobierno volverá a priorizar criterios como la renta de la ciudadanía, la continuidad territorial o la homogeneidad demográfica. La rehabilitación de viviendas en las denominadas ‘áreas de especial’ volverá a ser una tónica de los proyectos de regeneración urbana, con el habitual veto de construcción de vivienda o edificios nuevos excepto si es para realojar vecinos o para renovación de equipamientos que ya existen —la rehabilitación de una escuela en barracones, por ejemplo—.
Los orígenes de la ley de barrios catalana.
La ley de barrios es uno de los primeros proyectos que puso en marcha el Govern de Salvador Illa, pero su nacimiento se remonta a los tripartitos que el PSC lideró con Pasqual Maragall y José Montilla. La norma se aprobó en 2004 y durante aquellos dos mandatos, hasta 2010, se movilizaron 1.900 millones de euros en siete convocatorias.
De ellas se benefician entre 15 y 20 municipios por año, hasta un total de 140 poblaciones. Los alcaldes metropolitanos recuerdan hoy que aquel emblemático Pla de Barris de Maragall sirvió para “dignificar el espacio público” y ven en el actual una nueva oportunidad de mejorar los barrios más necesitados de Catalunya.
Bajo la premisa de que el pujolismo se había olvidado durante dos décadas de los barrios más envejecidos y periféricos de las grandes ciudades, el Gobierno del PSC, ERC e ICV-EUiA impulsó en 2004 un plan de actuaciones en determinadas zonas degradadas o con problemas de infraestructuras o marginalidad. En colaboración con los ayuntamientos, la mayoría socialistas como ahora, las actuaciones se financiaron con fondos municipales, autonómicos y europeos. Un maná que se fue desvaneciendo a partir de 2011 por la crisis económica y los recortes sociales del Govern de Artur Mas.
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